El juez admite que carece de indicios para ir contra los sospechosos del caso Diana Quer

En su auto, el instructor Félix Isaac Alonso puntualiza que el sobreseimiento provisional de la causa no significa el cese de las actuaciones policiales , ya que todavía se está «a la espera del análisis y cotejo policial de la gran cantidad de datos» de los pinchazos telefónicos practicados, «grabaciones orales cuyo resultado se ha incorporado a la causa» .

«Se encuentran abiertas varias líneas de investigación policial» , manifiesta, «sin que en ninguna de ellas conste en el momento actual la existencia de indicios superiores a las meras sospechas». En esta línea, el juez instructor deja entrever que existió una lista de personas «policialmente sospechosas» pero contra los que no se procedió con más profundidad por no existir «indicios de criminalidad, o habiéndose descartado».

También admite que «existen indicios de la desaparición no voluntaria» de Diana Quer, por lo que aparca cualquier remota teoría en otra dirección, si bien admite de nuevo que «no existen motivos suficientes para acusar» a nadie «como autores, cómplices o encubridores de los mismos».

La falta de concreción de los testimonios de los cerca de doscientos interrogados por la policía judicial llevan al juez a descartar su incorporación al sumario, cuyo secreto levanta pero sobre el que impone una férrea discreción. Tanto es así que advierte contra cualquier filtración que se produzca —a abogados, procuradores, funcionarios o periodistas, aunque sin citar expresamente a estos últimos—. «Las diligencias judiciales son reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral» , previene. Y quien filtre, tendrá que hacer frente a una multa económica de hasta 10.000 euros. Claro aviso para televisiones ávidas de detalles con conexión —o no— con la investigación.

Los primeros en conocer de primera mano la decisión del juez instructor fueron los padres de la joven, Juan Carlos Quer y Diana López-Pinel, convocados expresamente para la mañana de ayer por Félix Isaac Alonso a los juzgados de Ribeira. Se trató de u na reunión «informal», a la que ninguno de ellos acudió con sus respectivos abogados . Fuentes judiciales también confirmaron que, por el momento, no hay nadie personado en la causa, por lo que solo el juez y el Ministerio Fiscal tienen por ahora acceso al contenido del sumario.

Tras una hora reunida con el instructor, la madre de Diana fue la primera en abandonar los juzgados visiblemente conmocionada y afirmando que «no hay avances en la investigación» . Más claro fue el padre de la desaparecida, que directamente afirmó estar en desacuerdo con la medida adoptada y que indicó que «es una noticia cuyo contenido respeto, pero que en modo alguno comparto». «Es una triste noticia para mí, para mi familia y para mi hija, que no va a facilitar para nada los trabajos de investigación» prosiguió el progenitor de Diana Quer ante la nube de medios que lo esperaban a su salida de los juzgados.

Ahondando en el giro que ayer dieron las pesquisas para dar con su hija mayor, Juan Carlos Quer lanzó un desesperado llamamiento «al ministro del Interior y al ministro de Justicia» para que «los responsables de este acto comparezcan ante la justicia y paguen lo que deben pagar, porque la sociedad española no se merece que este tipo de actuaciones queden impunes».

La decisión del instructor del caso, revelada ayer a través del auto, sin embargo, no va en la línea de lo que los agentes de la unidad mixta encargada del caso opinan sobre lo que debería ser el devenir de la investigación. Es más, según fuentes cercanas consultadas por ABC, varios agentes de la UCO habrían estado trabajando sobre el terreno la pasada semana para encontrar un hilo del que tirar que frenase el levantamiento del sumario y el sobreseimiento de la causa in extremis, decisión que les fue comunicada por el propio juez hace días. No lo consiguieron. Tampoco están de acuerdo con la decisión adoptada por el magistrado los padres de la joven desaparecida, que ayer a su llegada a los juzgados de Ribeira ya mostraban su temor ante esta determinación.

Con el paso a un lado del juez instructor, que dejará de ordenar diligencias, l as pesquisas quedan en manos de los agentes de la UCO y de la Policía Judicial que llevan ocho meses volcados con la investigación . Ellos seguirán trabajando bajo su propio criterio para tratar de aclarar qué sucedió aquella madrugada del 22 de agosto con Diana Quer, aunque con la dificultad añadida de que cualquier nueva actuación —por ejemplo, un pinchazo telefónico— tendrá que ser solicitada por escrito al magistrado y avalada con una argumentación lo suficientemente potente como para que el instructor reabra la causa penal.