Galicia reclamará otra vez la AP-9 pero los partidos discrepan sobre su gestión

Las diferencias entre los partidos no están tanto en el «ahora» como en el «después». Los grupos sometieron al pleno un texto afinado, después de que el Congreso tumbara su primera intentona de avanzar en el traspaso. Ocurrió el pasado mes de octubre. La Cámara baja justificó entonces su veto amparándose en un informe de Fomento. El Ministerio subrayó la importancia del Eje Atlántico como conexión entre cinco de las siete ciudades gallegas, incluido Portugal, a través de la A-55; además de los principales puertos y aeropuertos de la Comunidad. Las conclusiones del dictamen se basaron en su condición de red transeuropea, la que la catalogaba como vía de «interés general» para el Estado.

Sin embargo, ninguno de los motivos esgrimidos seduce a los partidos gallegos. El nuevo documento que se remitirá a Madrid pule los elementos que trabaron la iniciativa en el pasado. Por ejemplo, queda suprimido el plazo máximo de seis meses para resolver la operación. Y se incluye, además, el compromiso de que el traspaso no supondrá cargas extra para los fondos del Estado, uno de los puntos conflictivos en el pasado.

Los populares están dispuestos a comenzar «cuanto antes» los trámites para la transferencia. Fue una de sus bazas electorales durante la pasada campaña de las autonómicas y uno de los principales ítems de su agenda. Por eso, el diputado Martín Fernández Prado advirtió que «independientemente» de dónde estén, si en el gobierno o la oposición, el PP siempre «mantiene una posición coherente» al respecto de la AP-9. «El Congreso tendrá ahora menos motivos para decir que no», razonó.

El grupo de Gobierno se ciñe estrictamente a lo acordado en O Hórreo. Su apuesta es la de gestionar la autopista desde la administración autonómica para acometer mejoras y estudiar posibles rebajas en los peajes. En ningún caso existe la intención de autorizar un desembolso de dinero público para disolver la concesión. «Hay un contrato que cumplir, con la gestión autonómica se podrán mejorar algunas de estas cosas, pero seguiremos teniendo una autopista de peaje», enfatizó Fernández Prado.

Así como el PP asegura que para pagar un rescate «hay que sacarlo de otras partidas», el PSdeG no se posiciona abiertamente. Su portavoz parlamentario, Xoaquín Fernández Leiceaga , enumeró «los precedentes» que «permiten superar la dificultad incluida en el veto» de Madrid. Entre ellos, varias transferencias acometidas en favor de Cataluña o el País Vasco. «La AP9 forma parte de la red transeuropea pero con el traspaso, nada cambiará», señaló. Leiceaga incidió en «el error mayúsculo» que según el PSdeG cometió el Gobierno de Rajoy al prorrogar hasta mediados de siglo la concesión a Audasa, controlada por Citigroup. «Fue un negocio ruinoso», afirmó, que «hubiese sido imposible» con la gestión propia.

La hoja de ruta de los socialistas gallegos se basa en tres puntos. Arrancar del Congreso de los Diputados una aprobación «por amplia mayoría» , garantizar una «buena negociación» en la Comisión de Transferencias para «poder bajar los peajes» y, por último, «asegurar una mejor gestión desde la proximidad». En Marea y el BNG van más allá. Los rupturistas y los nacionalistas quieren que Audasa ceda la explotación de la AP-9 a la Xunta , con independencia del coste que haya que asumir en forma de indemnización. «Es una propuesta realista», defendió el viceportavoz de la izquierda radical, Antón Sánchez. Con una tasa de beneficio del 46% sobre el nivel de ingresos y un 28% de dividendos, creen, los cálculos dan de sobra. «Le regalaron un negocio enorme a una concesión estatal», protestó. La confluencia suscribió la proposición porque «puede servir para avanzar», pero rápidamente se avino a aclarar que «no colma nuestras aspiraciones ni las de la gente de Galicia».

El Bloque, por su parte, acusó a Mariano Rajoy y a Ana Pastor de haber apoyado un veto «vergonzoso y antidemocrático» , justificado en «falsedades y mentiras». «Espero que Núñez Feijóo tome en consideración que la unidad que fraguamos en este Parlamento es una responsabilidad añadida», disertó Ana Pontón. «Y si le dicen que no, no solo le están dando un portazo a los gallegos, sino que están demostrando que el Gobierno gallego claudica a la hora de defender los intereses de nuestro país», zanjó la portavoz del Bloque en su intervención de ayer en O Hórreo.