Frente común de Galicia, Asturias y Cantabria para salvar la industria

Según los cálculos de los gobiernos autonómicos, con las medidas que pretende poner en marcha el Ejecutivo central las ayudas sólo permitirán ahorrar 2,5 euros por megavatio hora. Pero el sector necesita un descuento de 10 euros para competir en igualdad de condiciones con países como Francia o Alemania. «Parece que en vez de garantizar el futuro de las empresas electrointensivas, lo que es, es un parte de defunción» , resumió el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa posterior al Consello. En Galicia la amenaza de cierre más latente se cierne sobre la última factoría de aluminio primario que queda en España, la de Alcoa en San Cibrao. Feijóo no se mostró muy halagüeño sobre su futuro. «Si esto continúa como está, Alcoa cierra», aseveró el presidente de la Xunta . La multinacional estadounidense anunció que también presenta alegaciones al estatuto. «Las medidas que propone no permiten obtener un precio competitivo para la producción de aluminio primario en San Cibrao y que, además, su aplicación es incierta y no está asegurada ni para 2020 ni para años posteriores», explicó Alcoa en una nota de prensa. «La producción de aluminio primario en España sigue siendo inviable con las medidas que propone el proyecto de real decreto».

Pero San Cibrao no es la única empresa afectada. Los nuevos propietarios de la factoría coruñesa de Alcoa, rebautizada como Alu Iberia, advertían el pasado miércoles de que si no se rebajaban los precios eléctricos no podrían volver a producir aluminio primario y los empleos estarían en peligro . Alu Iberia pertenece al fondo de inversión suizo Parter, que se comprometió solo a mantener los puestos de trabajo durante dos años. De momento no ha reactivado las cubas de electrólisis y solo mantiene operativa la fábrica a medio gas produciendo aluminio reciclado. Feijóo alertó ayer de que si se aprueba el estatuto tal como está redactado «La Coruña no producirá aluminio primario y hay un conjunto de empresas electrointensivas cuya viabilidad queda en un enorme interrogante». Una de ellas es la de Ferroatlántica en Cee, que acaba de ser rebautizada como Xeal por sus nuevos propietarios, el fondo TPG-Ithaka. Tras la última subasta de interrumpibilidad, en la que se rebajaron sustancialmente estas ayudas, ya anunciaron que iban a revisar sus planes de producción para este año.

El mecanismo ideado para compensar a la industria gran consumidora de energía por estar dispuesta a parar sus máquinas si el sistema no puede cubrir la demanda de los hogares desaparece del estatuto. En sus alegaciones Galicia, Asturias y Cantabria demandan que se retome la interrumpibilidad. El Gobierno ha argumentado que se ha visto obligado a eliminarla por las reticencias que ha puesto la Unión Europea. En 2017 la interrumpibilidad ofrecía 500 millones de euros a las empresas electrointensivas. Las medidas que contempla ahora el Gobierno sumarán 262 millones y para que lleguen a las empresas es necesario además que la coalición de PSOE y Unidas Podemos logre sacar adelante los presupuestos generales del Estado en el Congreso.

Habrá menos dinero para repartir, pero también más empresas beneficiarias, como recordó ayer Feijóo. El borrador del estatuto de las electrointensivas define por primera vez con claridad cuáles son los requisitos para entrar en esta categoría, pero al hacerlo amplía la horquilla de las 262 que se beneficiaban hasta ahora de las ayudas a un total de 600 . «La mayoría de estas nuevas empresas entre el País Vasco y Cataluña», recriminó ayer el presidente de la Xunta. Tanto los sindicatos, como el frente gallego, asturiano y cántabro reclaman que se corrija el texto y que se incluya una nueva categoría, la de la industria altamente electrointensiva, que es la que más consumo tiene. «Este proyecto lo único que hace es extender el acta de defunción de las empresas hiperelectrointesivas, que justamente son las que necesitan que el precio de la luz se mueva en una franja de entre 35-40 euros», explicó Feijóo.

Otra de las reclamaciones del frente de comunidades del norte de España es que se mejoren los costes por emisiones indirectas de CO2 . En este punto, en el que también coinciden con los sindicatos, reclaman que se llegue al máximo permitido por la UE. Según los cálculos de CC.OO, esto permitiría «disponer de una partida anual presupuestaria superior a los 200 millones de euros».

Aunque empresas, sindicatos y los gobiernos autonómicos ven insuficientes las medidas del estatuto, para el Gobierno es el «mejor posible». En una comparecencia en el Congreso el miércoles, la ministra de Industria, Reyes Maroto, explicó que en los últimos meses se ha rebajado el precio de la electricidad . Según los datos de la patronal de empresas de gran consumo de energía (AEGE), la media diaria es de 41 euros el megavatio (MW), lo que representa un diferencial de 5,9 euros frente a los niveles de Alemania o Francia. Hace unos meses la diferencia era de entre 20 y 25 euros. Maroto insistió en el futuro seguirá bajando y en 2022 España tendrá la energía más barata que el resto de países.