Los Franco aceptan la entrega «provisional» del Pazo de Meirás al Estado

Ante este movimiento del Estado anunciado la pasada semana por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, los Franco avanzan que no tienen intención de oponerse «a tal solicitud», al tiempo que muestran su disposición a que «con carácter provisional», y a la espera de cómo se resuelva su recurso ante la Audiencia Provincial de La Coruña, «cumplir voluntariamente la obligación de entrega a su cargo declarada en la sentencia», según tuvo conocimiento este periódico.

Ahora, en todo caso, los todavía propietarios del inmueble deberán acordar los plazos de entrega, dado que el contenido de Meirás no está afectado por la sentencia del Juzgado de Primera Instancia. Dentro de esos plazos, los herederos del dictador deberán poder trasladar a donde mejor estimen los enseres del inmueble: desde elementos decorativos al mobiliario del Pazo, pasando por la biblioteca de Emilia Pardo Bazán , que no fue objeto del procedimiento civil y por tanto sigue siendo de su propiedad.

La propia ley de enjuiciamiento civil establece en los casos de entrega de la propiedad de un bien, que se conceda un plazo «razonable», más que justificado en este caso cuando se trata del interior de un inmueble. Con su escrito, los Franco trasladan al Estado que, por su parte, no hay intención de entablar un nuevo contencioso con la ejecución de la sentencia y ponen sobre la mesa su «buena voluntad» para negociar los plazos, según informaron a este periódico fuentes conocedoras del caso.

La familia Franco no solo recurrió el asunto principal de la sentencia, es decir, la propiedad del Pazo de Meirás, sino también la liquidación del estado posesorio, esto es, el abono de los gastos a los que tuvieran derecho por el mantenimiento del inmueble desde la muerte del dictador en caso de que se conforme el fallo favorable al Estado . Este fue uno de los aspectos más controvertidos de la sentencia que redactó la juez Marta Canales el pasado 2 de septiembre, ya que contravenía no solo lo que la propia Abogacía del Estado indicaba en su demanda —que correspondía el abono de los citados gastos— sino lo que dispone el Código Civil sin excepción.