Fracasa la negociación para frenar la huelga indefinida en la justicia

Los funcionarios gallegos empezaron a finales de 2017 sus protestas para mejorar sus salarios y lograr más plazas para los juzgados. Aseguran que están a la cola de España en las retribuciones y demandan un aumento que llegaría al 16% en tres años , unos 3.000 euros que la Xunta considera «inasumibles» para las arcas públicas. Vicepresidencia les ha ofrecido una subida de entre 660 y 900 euros al añ o. «Estamos dispuestos a llegar a un punto intermedio», subraya el coordinador de SPJ-USO, Manuel Tejada, uno de los integrantes del comité de huelga que decidieron encerrarse. Tejada denuncia que la Xunta, sin embargo, no se mueve de su propuesta y reclama que vuelva la presidenta del Consello de Relacións Laborais de Galicia a mediar en el conflicto . Su presencia, afirma SPJ-USO había sido fundamental en encuentros anteriores para lograr acuerdos en cuanto al aumento de plazas de la justicia. Además de las retribuciones, hay otro escollo que continúa sin resolverse. Los funcionarios quieren equipararse a los letrados y jueces que perciben el sueldo íntegro si están enfermos y cogen una baja.

A través de un comunicado, Vicepresidencia ha lamentado «la actitud de la representación sindical», que, en su opinión, «optó de nuevo por romper las negociaciones y encerrarse en las dependencias de la Administración autonómica» pese a que existían avances hacia una solución consensuada. El departamento de Alfonso Rueda insiste en que con la subida salarial propuesta los funcionarios gallegos quedarían ya por encima de la media española.

Pero las centrales la ven insuficiente y mantienen el pulso. Mañana celebrarán asambleas por toda Galicia para decidir cómo abordarán la huelga indefinida de febrero , es decir, cuánto y cómo pararán. El martes la Xunta publicó una instrucción que les impide disfrutar de vacaciones o días de asuntos propios durante el mes, incluso los que ya les habían sido concedidos.