HUELGA DE LA JUSTICIA
La Xunta suspende los días libres ante el pulso de los sindicatos
Los sindicatos ven violado un derecho básico y denuncian al director xeral de la Xunta
ABC.ES
Ante la amenaza de que la huelga en la administración de Justicia se vuelva indefinida a partir del próxima día 7, la dirección xeral de Xustiza del Gobierno gallego decidió ayer no conceder al personal ni días de asuntos propios ni vacaciones en febrero ... , incluyendo una revocación de las libranzas ya aprobadas. La medida, anunciada por medio de una instrucción con fecha del 29 de enero, supone según la Xunta un paso «absolutamente excepcional», pero necesario para garantizar la prestación de servicios mínimos y los correspondientes «derechos de la ciudadanía» durante los paros, convocados para exigir una subida salarial del 16% y la equiparación de derechos de los funcionarios con el personal del otras administraciones.
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El documento, firmado por el director xeral Juan José Martín, justifica la decisión por varios motivos: la entrada en funcionamiento de cuatro nuevos órganos judiciales, la desocupación de plazas de comisionados en nuevos juzgados y también por la resolución de un concurso de traslados que afectará a un total de 163 funcionarios . En declaraciones a Efe, el responsable de la Xunta apostilló que la instrucción «quizá no tenga la redacción más adecuado» , y avanzó que analizará cada caso para designar al personal necesario en las jornadas de huelga. Además, aseguró que en aquellos departamentos donde sea posible autorizar libranzas o días de vacaciones, estos tendrán luz verde.
Denuncia sindical
Sin embargo, lo que para la administración autonómica es un movimiento para evitar una posible paralización de la Justicia, la plataforma que agrupa a siete sindicatos del ramo (CCOO, CIG, STAJ, CISF, FesP, SPJ USO y A Xustiza CUT) significa una regresión inadmisible en el derecho de huelga. Por ello, ayer presentaron una denuncia contra Martín en el juzgado de instrucción número 2 de Santiago de Compostela. El comité considera que la instrucción publicada por la Xunta vulnera el artículo 315.1 del Código Penal, «pues impide o limita el ejercicio de libertad sindical o derecho a huelga , con manifiesto abuso de la situación de necesidad, al no definirse la excepcionalidad alegada de la instrucción».
El pasado 25 de enero, la protesta sindical generó multitud de suspensiones de juicios. Los sindicatos cifraron el seguimiento en el 95%, pero la Xunta lo rebajó al 42%.
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