Feijóo: «Nadie puede amenazar a una administración por cumplir la ley»

El dictamen elaborado por la asesoría jurídica de la Xunta y Augas de Galicia —el organismo competente— hace hincapié en dos vertientes, explicó ayer el presidente. Por un lado, en un aspecto puramente jurídico. Ahí, el expediente presentado por la multinacional flaquea: «No cumple la ley», aclaró categórico Feijóo, aunque con la mano tendida al diálogo.

Pero a ello se añade otra de las cuestiones mollares: la del mantenimiento de la actividad económica e industrial de la comarca. Ferroatlántica pretendía superarlo con la presentación de un plan de inversiones financiado con hasta cien millones de euros. Mejoras, contrataciones y nuevos proyectos previstos para sus sedes de Sabón (Arteixo), Cee y Dumbría. Tampoco pasaron el filtro. «No presenta (el plan) garantías suficientes para un compromiso con el empleo» , añadió el titular de la Xunta, que se remitió a su «hoja de ruta» para explicar los porqués de la decisión.

Feijóo recordó que mucho antes de que la empresa presentara una solicitud formal ante la administración, el Ejecutivo ya estaba alertando de que no habría autorización sin un blindaje para los trabajadores. Forma parte del compromiso, apuntaló Feijóo, «de ser un Gobierno previsible, de no engañar a nadie y de decir cuáles son nuestras vías para tomar decisiones».

De lo contrario, se podrían levantar sospechas sobre una posible arbitrariedad de la Xunta. O algo más grave aún, sobre un acto ilegal. «Ningún gobierno democrático debe hacerlo, y si lo hace, tendrá que dar cuenta delante de los ciudadanos y ante los tribunales» , zanjó.