Guerra de dictámenes en el caso Ferroatlántica

La compañía presentó ayer nuevas alegaciones no a su solicitud de segregación, sino a la réplica que a ésta dio el comité de empresa la pasada semana —apoyándose en un informe jurídico elaborado por el profesor de la UDC, Carlos Aymerich—. El catedrático de la USC Luis Míguez Macho, autor del dictamen de Ferroatlántica favorable a la segregación, defendió nuevamente que lo ilegal no es segregar las centrales, sino precisamente mantener su vinculación forzosa, después de que las condiciones de la concesión se hayan modificado sustancialmente después de 25 años.

Frente a la acusación del comité de que Ferroatlántica quiere vender las centrales hidroeléctricas para reducir deuda y no para reinvertir en Galicia, la empresa responde que efectivamente necesita rebajar su endeudamiento para menguar su gasto financiero y afrontar su comprometido plan industrial, previsto para desarrollar en los siguientes cinco años.

En su informe, Aymerich exponía que autorizar la segregación sería una modificación sustancial de la concesión, y por tanto debería revertir a la Administración y sacarse nuevamente a concurso. Para Míguez Macho, esta no sería una causa de extinción de la concesión, ya que ese tipo de condiciones suelen detallarse expresamente, y no es así en el caso de las centrales del Xallas.

Del mismo modo, la empresa insiste en su argumento de que el empleo en las centrales no se garantiza manteniendo forzosamente las dos actividades —como plantea el comité— sino, precisamente, dotando de liquidez a la compañía para inversión en tecnología en las plantas de ferroaleaciones, un negocio «que no necesita del hidroeléctrico para preservar su viabilidad, porque no es ni condición necesaria ni suficiente».

Por último, la cuestión de los plazos de respuesta. El comité exige a la Xunta una contestación «rápida y de justicia», mientras que Míguez Macho replicó ayer que «no hay prisa», siempre que se respeten los tres meses de plazo que Ferroatlántica ha establecido como límite máximo, pero que el Gobierno gallego tampoco ha asumido como propio.

En todo caso, la directora de la asesoría jurídica de la compañía, Clara Cerdán, dejó entrever que no dudarán en recurrir a los tribunales de lo contencioso-administrativo para defender sus pretensiones. El comité ha dicho lo mismo. Va para largo.