Feijóo liga una eventual segregación de Ferroatlántica a que se den más garantías de empleo

Las palabras del presidente del Gobierno autonómico son una línea más a sumar a la novela burocrática de Ferroatlántica . Ese relato, revirado, tiene dos finales posibles. En el primero, los asesores de la administración autonómica rechazan todas las vías legales para separar la actividad industrial y energética de la firma. Siguiendo este guión, al Ejecutivo no le quedará más remedio que vetar la venta de los saltos hidroeléctricos en los ríos Xallas y Grande : «No podemos aceptarla», reveló Feijóo. Pero hay otro epílogo por escribir. Un último capítulo en el cual el informe encargado por la Xunta se manifiesta favorable a la segregación y comienzan a darse los pasos necesarios para efectuar el traspaso. Ahí es donde empezarán las conversaciones sobre mantener el empleo y ejecutar las inversiones previstas en el plan industrial.

El enigma está en conocer hasta qué punto la dirección de Ferroatlántica está dispuesta a llegar para conservar intactos la treintena puestos de trabajo vinculados a su actividad energética en la Costa da Morte. Tal y como publicó ABC, la empresa pactó con la potencial compradora de las centrales la garantía de que no se ejecutaría ningún despido a cinco años vista. La promesa fue ganando volumen. Poco después, el plazo aumentó a siete años.

Mientras Ferroatlántica afinaba su propuesta industrial, el resto se fue amoldando a los cambios en el terreno de juego. Uno —fundamental— tiene que ver con el clima sindical. El frente de las principales centrales gallegas para frenar los planes de la empresa se quebró el pasado abril, cuando CC.OO. y UGT decidieron apoyar la hoja de ruta de inversiones del grupo Ferroglobe . Para ellos también tuvo palabras el presidente de la Xunta: «Es evidente que llegaron a un pacto a nivel español, que incluye a Galicia», subrayó. «Los sindicatos están buscando el mejor interés para los trabajadores y la mejor seguridad para las inversiones y el empleo».

Comisiones y los responsables «ugetistas» no ponen en tela de juicio los desembolsos planificados por Ferroatlántica para Galicia. Sostienen, con todo, que debe ser la Xunta la que exija a la compañía todas las certezas necesarias para que el plan industrial no se muera en el papel.

Por eso Feijóo eligió el momento oportuno para recoger el guante y lanzar el mensaje que ambos sindicatos estaban esperando escuchar. La primera voz de alarma la había dado ya el conselleiro de Economía, Francisco Conde, al finalizar la última reunión con los alcaldes de la Costa da Morte. Conde sorprendió por sus dudas sobre el factor vinculante del plan industrial : «(Ferroatlántica) entiende que puede ser un elemento que permita la continuidad de la actividad, y sobre ese plan no hay ningún tipo de garantías», ahondó.

En la otra trinchera se mantienen la CIG y el comité de empresa de Cee-Dumbría. Los delegados del sindicato nacionalista ponen en duda la palabra dada por Ferroatlántica . Creen que el grupo Villar Mir cuenta «una película» idéntica a la proyectada a finales de los noventa. Las promesas de la construcción de un nuevo horno en la factoría de Dumbría les suenan caducas, como un gesto más para conseguir el favor de la opinión pública en la zona. A la espera de que el informe de la Xunta salga a la luz , advierten de que una posible segregación abriría automáticamente otra vía: la judicial.