Feijóo acusa a Sánchez de jugar con el empleo en época electoral

El Gobierno de Rajoy en funciones aprobó en 2016 una prórroga a Ence por 60 años a la concesión para ocupar el dominio público marítimo terrestre en Lourizán. Pero el Ayuntamiento de Pontevedra, Greenpeace y la Asociación Pola Defensa da Ría consideraron que el indulto fue ilegal, y denunciaron en los tribunales. El pasado viernes, la abogacía del Estado cambió de criterio y se inhibió de seguir defendiendo la prórroga. También cree que fue contraria a derecho. La continuidad de Ence queda ahora en manos de la decisión que tome la Audiencia Nacional.

Feijóo insistió en el impacto económico que tendrá para Galicia que Ence abandone Pontevedra. A la plantilla de 400 personas de la factoría hay que sumar también los empleos indirectos que genera, como los transportistas o la actividad en puertos. Además, el cierre afectaría a los 80.000 propietarios forestales gallegos que venden mayoritariamente madera a Ence. «No podemos en ningún caso compartir una decisión», subrayó Feijóo, «que afecta a una empresa que da trabajo de forma directa o indirecta a cinco mil personas y se pueda ventilar en una campaña electoral». Como había hecho el día anterior, Feijóo se mostró dispuesto a defender la continuidad de la planta utilizando las «competencias» de la comunidad.

El rechazo a Ence en la ría de Pontevedra viene motivado por razones medioambientales. La construcción de la planta acabó con una rica zona marisquera y en su argumentación el abogado del Estado afirma ahora que no está justificado que la factoría no pueda buscar otro emplazamiento. Antes de que el Gobierno central le permitiese continuar en Lourizán, la Xunta había instado a la empresa a cambiar de ubicación. Pero una vez tomada la decisión, Feijóo defiende que «no se puede jugar con las nóminas, el trabajo y el futuro de las familias».

Desde el comité de empresa de la planta expresan también su preocupación. En una entrevista en la Radio Galega, su presidente, Ignacio Acuña, explicó que «es muy difícil» un emplazamiento de la factoría fuera de la ría, por lo que reclamó «alternativas serias» y no «brindis al sol». «Si alguien tiene una ubicación que cumpla las condiciones que necesita la factoría, lo que tendría que hacer es ponerla en la mesa», aseveró. Actualmente, hay una «sensación de calma contenida», pero «lo que preocupa son los puestos de trabajo». «No podemos seguir siendo moneda de cambio cada vez que se acercan unas elecciones y estemos siempre en la picota con nuestros empleos», se quejó.

En Marea celebró, sin embargo, el cambio de criterio del Gobierno de Sánchez, y pidió que no espere a las decisiones judiciales y proceda a derogar la prórroga de forma inmediata mediante una declaración de «nulidad de pleno derecho». El portavoz parlamentario del PSdeG recordó que no se puede desmantelar una empresa como Ence de un día para otro. Xoaquín Fernández Leiceaga consideró necesaria la puesta en marcha de una «mesa de trabajo» en la que esté presente la empresa y las administraciones para abordar una solución de futuro . En este marco, aseveró el socialista según informa Ep, habrá que valorar diferentes cuestiones como «evitar el deterioro de la ría», pero también valorar el «empleo y la producción industrial» que Ence supone para la comarca pontevedresa y tener el cuenta el hecho de que esta empresa es «el principal comprador de madera en Galicia» y «un actor muy relevante» en la puesta en valor del monte.