Facenda sitúa cerca del 3% el crecimiento de Galicia durante el 2017

El Gobierno eligió el momento para avanzar sus buenos pronósticos. Lo hizo en el Parlamento, durante el debate de la modificación de los Orzamentos, a través de la cual las arcas autonómicas recibirán una inyección adicional de 228 millones de euros . En gran medida, para que 100.000 funcionarios de la Xunta se beneficien de una subida salarial del 1% y se refuercen las prestaciones sociales.

La Cámara acogió las protestas airadas de la oposición, disgustada por la «forma y el fondo» en que la Xunta había decidido tramitar el proyecto de ley, bautizado oficialmente como de «crecimiento económico y refuerzo del gasto social». El Ejecutivo optó por darle salida por el procedimiento de urgencia para poder disponer cuanto antes de los recursos. En Marea, PSdeG y BNG lo enfocaron con la óptica opuesta. A comienzos de semana pusieron el grito en el cielo para acusar el equipo de Feijóo de «hurtar» y «cercenar» la participación de los grupos en el Legislativo. El portavoz de los socialistas, Xoaquín Fernández Leiceaga, cargó contra una maniobra de «pura propaganda», después de que el PP rechazara su propuesta de incorporar 400 millones más a las cuentas gallegas.

Vicisitudes técnicas a un lado, Valeriano Martínez destacó la posibilidad de dar una nueva vuelta de tuerca a la expansión económica de la Comunidad. Por ejemplo, empleando 73 millones en dotar al personal público —que incluye a los trabajadores de escuelas concertadas y universidades— de un «plus» en su renta. El incremento en las nóminas se hará efectivo a partir de este mes de julio y con carácter retroactivo: Facenda compensará los atrasos desde comienzos de año.

Otros 53 millones de euros se volcarán en las «líneas maestras» de la agenda económica de la Xunta, el llamado Plan Estratéxico hasta 2020 . Se sumará a los 11 millones reservados para financiar proyectos de innovación en las universidades o acometer reformas en los centros escolares.

El segundo foco de gasto se concentrará principalmente en las partidas sociales . Habrá 102 millones reservados para actuar sobre los servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación o la renta de inclusión (Risga) . Un desembolso de 60 millones se destinará a la universalización de los medicamentos de la hepatitis Cy a la extensión de los programa de vacunación del Sergas; mientras que la Xunta podrá incorporar, vía 14 millones, a 3.000 personas más a su cartera de atendidos por los servicios de dependencia.