El exportavoz del PP de Nava acusa a De Lara de malversación y prevaricación

El documento se ampara, fundamentalmente, en tres argumentos. El abogado firmante, Gonzalo Bota s, valora «la manifiesta incompetencia del Juzgado de Instrucción de Lugo» para juzgar hechos que se salen de su ámbito territorial y declarados prescritos por un Juzgado de Avilés. De Lara persigue a Osoro por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, cohecho y revelación de información privilegiada.

En segundo lugar, cree que deberían anularse las diligencias contra su cliente por defectos en la citación y en la notificación de los presuntos delitos por parte de la Agencia Tributaria. Es, según reza el texto, «una absoluta irregularidad inexplicable, que podría incluso suponer una malversación de caudales públicos, al estar destinando funcionarios de una administración con fines distintos a los propios».

Por último, denuncia que el Servicio de Vigilancia Aduanera asumió las funciones de la Policía Judicial durante la instrucción, expresamente prohibidas por el ordenamiento jurídico. Botas sostiene que los informes de Aduanas «constituyen una burla al derecho y al proceso penal» . Las diligencias «llevadas a cabo por órganos manifiestamente incompetentes», añade, pueden constituir «prevaricación, y por ende, malversación de caudales públicos por parte de la autoridad judicial».

Ya no es la primera vez que Pilar de Lara recibe críticas por su modo de actuar. El Consejo General del Poder Judicial tiene encima de la mesa una queja formal de los Abogados de La Coruña por un registro «indiscriminado» en un despacho de letrados.