La Abogacía gallega lleva a la juez Pilar de Lara ante el CGPJ

Según consta en el documento remitido al CGPJ y al que ha tenido acceso ABC, este abogado denunció que Vigilancia Aduanera, siguiendo órdenes de la juez De Lara, realizó un registro «indiscriminado» de las dependencias del despacho, incautándose de documentación en papel y digital de la causa investigada pero también «correos y documentos referentes a numerosos clientes del despacho, los cursados con otros abogados e incluso los de índole personal, ajenos todos ellos a los hechos».

«El registro de un despacho de abogados (...) ha de revestirse de especiales cautelas o garantías adicionales para salvaguardar el secreto profesional», situación que a juicio del órgano denunciante no se ha producido, por lo que «debemos rechazar, reprobar y criticar esta actuación judicial», apuntan en su contundente escrito.

«Es intolerable y representa un atentado contra el Estado de Derecho», valoró en declaraciones a este periódico Evaristo Nogueira, presidente del Consejo Gallego de la Abogacía, «es un procedimiento irregular que vulnera la intimidad y el secreto profesional» de los abogados. A su juicio, el comportamiento de la juez instructora «es similar» al que le costó la carrera a Baltasar Garzón, cuando ordenó intervenir las comunicaciones entre un investigado de la trama Gürtel y su defensor. «Es una barbaridad que ha generado alarma entre los abogados de La Coruña», reconoció su presidente provincial, Augusto Pérez-Cepeda.

Según la legislación española, una investigación judicial puede realizar registros en un despacho profesional de abogados pero «cuando el investigado es el letrado», apunta Nogueira, «y se puede pedir la presencia del decano del colegio correspondiente para garantizar que no se incautan de información de otra causa distinta». Pero «no se puede entrar en un despacho, llevarse información íntima de clientes y que quede en manos de cualquiera», censura el presidente de los abogados gallegos.

El escrito del colegio coruñés data del pasado 21 de noviembre pero ha trascendido estos días. El CGPJ, sin un plazo fijado, deberá abrir diligencias previas para dilucidar si De Lara cometió una infracción, y determinar en consecuencia si deriva en expediente sancionador o archiva la causa.

Es un capítulo más en la controvertida carrera de la juez, que desde que inició su cruzada contra la corrupción en Galicia —principalmente en el ámbito municipal— ya acumula ocho archivos de piezas separadas procedentes de instrucciones suyas pero derivadas a otros juzgados. En todos los casos, la razón para el sobreseimiento es la misma: ausencia de indicios