La defensa de López Orozco solicita el archivo de la pieza de la grúa de Lugo

Según el escrito, al que ha tenido acceso ABC, la defensa de Orozco sostiene que tras analizar la documentación y los testimonios de testigos e imputados, «no se atisba no ya la existencia de pruebas, sino el más mínimo indicio» de los delitos de cohecho y tráfico de influencias que De Lara atribuye al exregidor lucense.

Orozco arrastra la imputación por esta pieza separada desde 2013, y para sus abogados «han transcurrido más de cuatro años (...) sin que se haya incorporado hecho nuevo alguno que justificase su permanencia en el proceso». «El desfase entre la l entitud de la justicia y la rapidez con la que públicamente se califican y juzgan los supuestos delitos de corrupción política está fomentando un populismo penal que no es nada bueno para la democracia», denuncian los letrados Gregorio Arroyo y Rafael Iruzubieta.

A su juicio, los elementos utilizados por la instructora para mantener la imputación por estos dos delitos no se sostienen, ya que un informe de Aduanas descarta enriquecimiento en el patrimonio familiar del exalcalde y distintas testificales niegan su participación directa o indirecta en el proceso de adjudicación del servicio de grúa.

Respecto al tráfico de influencias, Orozco reconoció mediar para la contratación de una persona en la grúa porque esa familia «carecía de cualquier tipo de ingresos» y se encontraba en una situación «de absoluta precariedad», siendo «la única gestión realizada a lo largo de todo su mandato» de estas características. La contratación, no obstante, no se produjo.

Por último, se extrañan por que a día de hoy «todavía se siga investigando en base a meras conjeturas que desde hace tiempo han sido desmontadas» y censuran que la instrucción se convierta «en una especie de investigación general».