El Gobierno anuncia la reapertura del Pazo de Meirás el 30 de enero, pero solo para visitar sus jardines

En la primera de las reuniones, a mediados de diciembre, el Estado ya alegó las «malas condiciones» y la situación «realmente preocupante» del inmueble para posponer su apertura al público. «Hay que asegurarlo desde el punto de vista de seguridad, arquitectónico y con todas las garantías», manifestó entonces el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez. Esas prevenciones son las que ahora demoran dos meses más la apertura completa de Meirás, que, sin embargo, no impidieron en el pasado que la familia Franco sí permitiera un controvertido régimen de visitas a determinadas zonas de la planta baja del inmueble, cumpliendo las exigencias de la declaración BIC.

Según ha comunicado la Delegación del Gobierno, Fernando Martínez ha explicado que el Ejecutivo plantea que las visitas del público al interior del edificio puedan desarrollarse a partir de la segunda quincena de marzo, siempre y cuando las condiciones de seguridad lo permitan y finalicen los arreglos de los desperfectos existentes y de la instalación eléctrica y que, incluso, podrían ir abriéndose algunas estancias antes, en caso de conformidad.

Del encuentro de hoy sale también la creación de un comité de expertos que proponga qué relato darle al Pazo, si el centro de memoria antifranquista que defienden la izquierda, el nacionalismo y determinados movimientos sociales, o de reivindicación de la figura de Pardo Bazán , como han planteado voces reputadas del ámbito universitario. Este grupo estará formado mayoritariamente por hombres, aunque las administraciones habían acordado buscar una paridad de género. Serán Juan Manuel Rodríguez Blanco, Manuel Regueiro López y Xosé Manoel Núñez Seixas, a propuesta del Gobierno; Isabel Burdiel y Ramón Villares, por la Xunta; Carlos Babío y Emilio Grandío, por la Diputación Provincial; José Alfeirán por el Concello de La Coruña (que también propuso a Babío); Manuel Pérez Lorenzo, a instancia del Concello de Sada, y Rebeca Blanco y Marilar Aleixandre por el Consello da Cultura Galega y la Real Academia Galega (RAG), respectivamente.

Además, el Estado ha anunciado que procederá a la redacción de un convenio para la gestión de Meirás entre las distintas administraciones, a las que les pedirá sus sugerencias de cara a su elaboración. Esto ha provocado un cierto enfrentamiento entre los concellos de Sada y La Coruña , ya que el primero no ve justificado que el consistorio herculino forme parte de esta gestión consorciada, según han indicado a ABC fuentes presentes en la reunión.

El secretario de Estado ha anunciado también la preparación de una exposición en «la que se hará el relato de la historia de Meirás» , partiendo que «desde el punto de vista de la memoria democrática, esta historia tendría que ser explicada en todas sus fases desde el universo de Pardo Bazán, como recinto de visitas de reyes y conspiración, Meirás sede estival de la jefatura del Estado franquista y, por último, la etapa más reciente, caracterizada por el olvido y la reivindicación ciudadana para que fuera restituido al Patrimonio del Estado», según ha trasladado la Delegación gubernamental.

En paralelo al debate sobre la fecha de reapertura de Meirás, este martes ha trascendido que la familia Franco solo podrá llevarse de su antigua residencia veraniega el frigorífico, la lavadora, algunos electrodomésticos más y aquellos bienes que no estén incorporados en el inventario judicial que se realizó entre noviembre y diciembre. Esta es la petición que ha trasladado la Abogacía del Estado al Juzgado de Primera Instancia nº1 de La Coruña en un escrito de alegaciones, en el que incorpora además una carta del director general de Patrimonio del Estado reforzando este criterio. La decisión última la tendrá la juez Marta Canales, pero a la vista de cómo se ha desarrollado todo el proceso legal sobre la propiedad del Pazo de Meirás, lo más previsible es que la petición de la Abogacía del Estado sea estimada íntegramente.

En su escrito, la Abogacía sostiene que «resultaría procedente en el momento actual la retirada» por parte de los Franco de «electrodomésticos» y «muebles no inventariados contenidos en el Pazo», aunque excepcionando «los fondos bibliográficos y las alfombras y elementos textiles de todo tipo». No obstante, este criterio de la Abogacía es más restrictivo que el expuesto en su carta por Juan Tejedor, director general de Patrimonio, que no empleaba la expresión «elementos textiles de todo tipo» sino que hacía referencia a «tapices». Con la redacción dada en su escrito por los abogados del Estado, los Franco no podrán retirar de Meirás —en principio— la ropa de los armarios, las toallas de los baños o las sábanas de las camas .

Es más, Tejedor subrayaba que estaban fuera del inventario elaborado por los técnicos de la Consellería de Cultura de la Xunta «las ropas y objetos de uso personal, los ajuares domésticos de uso diario o habitual en el actual funcionamiento de la vivienda, el mobiliario y los objetos meramente funcionales que existen en las dependencias del servicio». La catalogación realizada por la Xunta siguiendo el mandato judicial se completaba con un informe de Patrimonio Nacional en el que se identificaban dentro del mobiliario de Meirás bienes que podrían proceder de las colecciones reales, así como elementos decorativos de edificios oficiales. En su recurso a las medidas cautelares, la defensa de los Franco consideró «improcedente» este informe , por no haber sido solicitado en ningún momento por las partes.

Los abogados del Estado relegan a la «fase de ejecución definitiva» el análisis de qué otros elementos caben ser entregados a la familia Franco. Para este momento procesal pueden faltar todavía incluso varios años, toda vez que la sentencia del Juzgado de Primera Instancia está recurrida ante la Audiencia Provincial de La Coruña, sin fecha todavía para su revisión, y todo apunta a que el pleito acabará dirimiéndose en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, tanto si el Pazo sigue en poder del Estado como si se considera que debe ser devuelto a los Franco.

Las alegaciones del Estado han causado indignación en el seno de la familia Franco y sus representantes legales. Su albacea y abogado, Luis Felipe Utrera-Molina, considera el escrito de la Abogacía «una tomadura de pelo». «Estas cautelares se han adoptado porque el Estado iba a reclamar unos muebles», expone en conversación con ABC, «pero hemos pasado a todo es suyo y lo que no reivindique la familia se lo queda» .

«La sensación es de tomadura de pelo y de displicencia por parte del Estado, "yo hago lo que me da la gana"», denuncia, «si ya se le exime al Estado de justificar nada, esto es un "exprópiese y punto"» . A su juicio, «el sentido de una cautelar es asegurar una pretensión», por lo que conmina a la Abogacía a que diga «qué va a reclamar y deje que mis clientes se lleven el resto». «Yo creía que en este proceso tenía agotada mi capacidad de asombro, pero después de esto he descubierto que todavía tengo margen», lamenta.

No obstante, la Abogacía abre la puerta a «acceder a la retirada de otros bienes distintos a los expresados anteriormente , previa petición individualizada por parte de los demandados y examen por parte de los técnicos de la Administración de su relevancia y grado de conexión con el bien de interés cultural, así como con los futuros usos del mismo».