Dos directivos de Alcoa declaran en la Audiencia como imputados

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia decidió abrir una investigación penal tras la denuncia presentada por el sindicato Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) en octubre de 2020. Tardón ordenó en marzo de 2021 el registro de las fábricas de aluminio y la detención de los principales directivos del Grupo Riesgo . Victor Rubén Domenech, Alexandra Camacho, Diego Peris y Luis Losada continúan como investigados, se les ha retirado el pasaporte y tienen que acudir periódicamente a los juzgados . La jueza trata de recabar pruebas sobre un posible saqueo patrimonial de la compañía , es decir, investiga si los compradores adquirieron los activos para vender todo lo posible, sacar beneficio propio y dejar abandonados a su suerte a los trabajadores.

El mismo día que agentes de la UDEF se presentaron en las fábricas, la Policía también registró la sede de Alcoa en España en busca de pruebas . En su denuncia la CCP señalaba a la multinacional estadounidense como la responsable última de la elección del comprador. Hoy la cúpula tendrá que dar explicaciones a la jueza. Alcoa asegura estar «convencida» de que actuó «conforme a la ley» en el proceso de venta de las fábricas en 2019, se ha limitado a contestar la empresa ante la declaración en sede judicial de Dorado y Keener.

El 31 de julio de 2019, Alcoa vendió a Parter las plantas de aluminio por un precio simbólico. El acuerdo llegó con respaldo de las administraciones públicas que veían en la operación un modo de frenar los despidos anunciados por la multinacional tiempo atrás. Aunque nadie lo comprobó, Parter tenía ya en ese momento condenas de la justicia francesa por entrar en el accionariado de empresas en ese país, vender todos los activos interesantes y abocarlas al cierre. Apenas mes y medio después de la adquisición, el fondo suizo estaba negociando con el Grupo Riesgo para deshacerse del 75% de las acciones. El traspaso se culminó en abril de 2020. Parter, que había comprado las factorías por un euro, se embolsó 13 millones . El nuevo comprador ni siquiera puso un euro de su bolsillo. El dinero salió de los propios fondos de las plantas, rebautizadas como Alu Ibérica. La jueza ha demandado ya que se devuelva esa cantidad.

El fondo suizo se había comprometido a mantener el empleo en las fábricas durante dos años e incluso a reactivar las cubas de electrólisis para volver a producir aluminio primario en el futuro si se rebajaban los precios eléctricos. Pero se deshizo de los activos. Alcoa defiende que tan pronto se conoció el incumpliento de las condiciones pactadas y se produjo la reventa presentó una demanda para denunciarlo.

La Confederación de Cuadros y Profesionales sostiene que Alcoa ha sido la responsable del fracaso de la operación de venta de las plantas de La Coruña y Avilés. La multinacional se había comprometido a buscar un inversor «serio, solvente y riguroso» pero toda la operación ha acabado en una investigación por la vía penal, las plantas en fase de liquidación y las plantillas enfrentándose ya a los procesos de despido . La Justicia ya ha responsabilizado a Alcoa del fiasco de la venta, pero por la vía social. La propia Audiencia Nacional condenó a la multinacional en junio de 2021 a través de una sentencia que está recurrida en el Supremo. El fallo consideró responsable a Alcoa de haber dejado las plantas en manos de inversores que no cumplen los criterios de serios, solventes y rigurosos y obligó a Alcoa a que si se producen despidos, se ejecuten con las condiciones pactadas en el ERE, que se había negociado con anterioridad al traspaso a Parter.