Las claves de la crisis del transporte

Todo se recoge dentro de un plan: el que la Xunta dio a conocer el pasado mes de mayo y que prevé implantarse por fases hasta el año que viene. La primera de ellas entrará en vigor en apenas un par de meses. Cuenta con la oposición, áspera y abierta, de los sindicatos y la patronal, convencidos de que el nuevo modelo asestará un durísimo golpe contra sus expectativas de futuro. Son, los tres, protagonistas de un conflicto que se ha venido cocinando en el fuego lento de los últimos meses y que superpone muchas otras batallas menores . La huelga que paraliza los autobuses cada martes y miércoles solo agudiza la tensión.

Marzo de 2016. Se produce el desencadenante de todo. Una sentencia del Tribunal Supremo anula 129 concesiones de autobús que habían sido prorrogadas diez años más, desde 2009, como un automatismo para generar estabilidad dentro del sector. La Justicia entiende que la continuidad de los contratos va en contra de lo dispuesto por la Unión Europea y deja colgando de un hilo una parte importante del transporte por carretera en Galicia. En agosto de ese año, decenas de empresas renuncian de forma masiva a seguir prestando un servicio que consideran deficitario. La maniobra la estudia ahora el Consello Galego da Competencia, por si existieron posibles pactos irregulares entre compañías. Las que decidieron continuar, lo hacen «a riesgo y ventura», la mayoría por necesidad: así reciben ingresos y permanecen visibles dentro del mercado.

Desde entonces, la Consellería de Infraestruturas se moviliza e inicia los preparativos para lanzar un nuevo plan más seguro jurídicamente, con viabilidad garantizada, y que responde definitivamente al flujo real de usuarios. Infraestruturas se prepara, en fin, para disolver algunas concesiones que databan de mediados del siglo XX y que eran un producto surgido más de la iniciativa empresarial que de la ordenación pública.

Catorce meses después, el pasado mayo, el Gobierno autonómico dio a conocer la primera fase de la reforma. Son 42 contratos —500 líneas— que marcan un punto y aparte, fundamentalmente en tres sentidos. El primero: los contratos pasan a ser zonales para garantizar una mejor cobertura territorial. En segundo lugar, en un 10% de las líneas sometidas a información pública, los autobuses escolares podrán recoger a usuarios regulares, siempre y cuando la oferta de plazas lo permita. En aquellas rutas donde cohabiten menores y adultos, se requerirá la presencia de un cuidador.

Cuando el periodo lectivo finalice —ahí viene la tercera pata—, las empresas estarán obligadas a habilitar el servicio a demanda. Como publicó ABC, las concesiones obligarán a las compañías a disponer de operadores telefónicos para atender las peticiones. Así será hasta que la administración no culmine su «call center» y se diseñen nuevas herramientas (como aplicaciones móviles) para mejorar las comunicaciones.

Según datos de la Consellería de Infraestruturas, los nuevos contratos ascienden a un valor de 55,1 millones de euros, 36 de los cuales corren a cargo de fondos autonómicos . Esos son, casi en su totalidad, los recursos necesarios para financiar las líneas escolares. Por lo demás, el Ejecutivo asegura que la reforma afectará a 200 concellos y posibilitará que 1,7 millones de personas —el 60% de la población— tengan una parada de bus a menos de 500 metros de su domicilio.

Al departamento de Ethel Vázquez le ha tocado gestionar esta ventana abierta. Lo considera un asunto «de país» que requiere, sin dar excesivos pasos atrás, del mayor consenso posible. La Consellería asegura que su plan es «el único viable y legal», pero lo abre a «mejoras» para aliviar la presión a la que le somete la patronal y los sindicatos, huelga mediante. Asegura, además, que permitirá mantener e incrementar los puestos de trabajo, a través de la subrogación, y garantizará la rentabilidad de las concesiones.

La llamada al diálogo se formulará de forma separada, con los trabajadores por un lado y los empresarios por el otro, a fin de evitar posibles «pinzas» y episodios de tensión, como el vivido durante alguno de los encuentros convocados en Santiago.

La preocupación para que el conflicto no se enquiste más de lo deseable es latente. ABC ha podido conocer que Ethel Vázquez y el portavoz de los socialistas en el Parlamento, Xoaquín Fernández Leiceaga, conversaron por teléfono sobre la reforma . La conselleira ofreció al dirigente del PSdeG explicar personalmente todos los detalles, sin llegar a concretar una cita.

La suya es una batalla bicéfala. Consideran que el plan abre puerta a decenas de despidos, mientras negocia con los empresarios la subida salarial en los convenios colectivos provinciales. Exigen que el incremento de la nómina, congelada desde hace años, se haga en base a la subida del IPC. La huelga está programada para cada martes y miércoles, pero encima de la mesa está perpetuarla a todas las jornadas laborales si, como asegura Marcos Pérez, de CC.OO, se registran más «faltas de respeto» de la Xunta hacia los empleados. «Si los trabajadores son desoídos, se sienten ninguneados», afirma, ante la ruptura del diálogo. La secretaria de Acción Sindical de UGT-Galicia, Beatriz Meilán, lo replica: «Nos están demandando una mayor presión».

Las federaciones de transporte mayoritarias se siente señaladas por haber renunciado a multitud de concesiones en 2016. Ese sentimiento se agrava con el anuncio de apertura de expediente informativo a todas aquellas que incumplieron la provisión de servicios mínimos durante la huelga. El pasado miércoles alcanzó el 77%. El 92% en Orense.

La patronal desecha cualquier atisbo de pacto bajo cuerda con los sindicatos para poner al Gobierno entre la espada y la pared, pero insisten en que el plan, tal y como está planteado, provocará el cierre de pequeñas y medianas empresas . Casi todas, dicen, en la provincia de Lugo y Orense; a menos que se incremente la financiación.

Las pymes podrán acceder a los grandes contratos en forma de unión temporal (UTE), pero el instrumento no convence: conocen la idiosincrasia del sector y saben que en pocas semanas es difícil poner de acuerdo a varias firmas en las zonas rurales .