Justicia y los letrados judiciales retoman las negociaciones tras implicarse Hacienda en el conflicto

De esta forma, y después de cuatro reuniones infructuosas con representantes del departamento de Llop, el conflicto de los Letrados de la Administración de Justicia(LAJ) salta al Ministerio que dirige María Jesús Montero, a quien los LAJ habían recurrido tras reconocer Llop ante otros operadores jurídicos (en concreto, abogados y procuradores) que los acuedos salariales alcalzados en abril del año pasado fueron parados por Hacienda.

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Según las fuentes citadas, Justicia y Hacienda convocaron de forma conjunta a los representantes de los letrados antes de la comparecencia, ayer, de Pilar Llop ante la Comisión de Justicia del Congreso, donde la ministra dio por hecho en todo momento que las negociaciones estaban paralizadas y que dependían de una nueva propuesta, «más realista», de los LAJ. Todos los grupos parlamentarios, a excepción del Grupo Socialista y del que integra Unidas Podemos, pidieron a la ministra que acabe con este conflicto que está impactando de lleno en los Tribunales, que en las ocho semanas de huelga han tenido que suspender ya más de 300.000 juicios y vistas.

Según fuentes del colectivo, la reunión de esta viernes supone el punto de partida de una nueva etapa de negociación cuyo desenlace no parece inminente, pues tras el primer encuentro con Hacienda, en el que "se ha tratado el marco negocial", ambas partes de han emplazado a nuevas reuniones a partir del próximo miércoles. Por lo pronto, el comité de huelga ha desconvocado la concentración que tenía prevista mañana sábado en la calle Ferraz (sede del PSOE) y se ha comprometido a "guardar la lógica reserva de las negociaciones".

Los LAJ piden que se cumplan los compromisos alcanzados con el Ministerio de Justicia en abril de 2022 y que pasan por un aumento salarial acorde a los nuevas funciones que la ley les atribuye desde 2015 como directores de la oficina judicial. Desde el Ministerio de Justicia se asegura que en los dos últimos años ya han tenido un incremento salarial de un 14 por ciento (una parte de ese porcentaje es la subida aplicada a todos los funcionarios) y que no procede la "cláusula de enganche" por la que los LAJ pretenden ganar el 85 por ciento del salario de un juez. Según Justicia, que está dispuesta a una subida salarial por grupos de población (subir el sueldo sólo a los que menos ganan), aceptar la petición del colectivo supondría aumentar 1.000 euros por nómina de LAJ, algo que los letrados aseguran de forma tajante que no es cierto.

Precisamente ayer los secretarios de gobierno del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, tribunales superiores de justicia y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla dirigieron ayer una carta a la ministra Llop en la que, "desde nuestra responsabilidad institucional y como superiores jerárquicos en nuestro respectivo ámbito territorial del Cuerpo de Letrados y Letradas de la Administración de Justicia, al cual pertenecemos", le trasladaban la grave situación de la Justicia como consecuencia de la huelga del colectivo. En la misiva hablaban de una "situación de parálisis" que "amenaza con enquistarse por la falta de diálogo" y alertaban de cómo puede afectar esta situación a las reformas organizativas en marcha o leyes que exigen un "claro compromiso" por parte de los letrados judiciales.

"Le interesamos para que se retome con urgencia el diálogo efectivo entre el comité de huelga y el Ministerio de Justicia, que permita una pronta solución negociada a la huelga indefinida", concluían.