Justicia convoca a los funcionarios en huelga después de la amenaza de llevar a Llop al Supremo

Precisamente esta mañana el comité de huelga había denunciado en un comunicado que «cada día que pasa sin convocatoria de reunión, queda patente el nulo interés de este Ministerio por una Justicia que se hunde y su clasismo y rancio corporativismo que le lleva a negar el diálogo y la negociación a 45.000 empleados públicos mientras que sí lo hace con la élite judicial", señalaban en alusión a los acuerdos alcanzados con letrados judiciales, jueces y fiscales.

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Anunciaban así que llevarían de forma inminente ante la Fiscalía del Supremo a la ministra y al secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, por su «indecente silencio» al consideran que su actuación «antisindical» roza la prevaricación. No obstante, y como «demostración de la voluntad del comité de huelga de negociar una solución», supeditaban el inicio de actuaciones judiciales a que la ministra respondiera al escrito que este mismo jueves le trasladaron exigiéndole la convocatoria inmediata del comité.

Junto a la denuncia contra la ministra, anunciaban que iban a dirigir un escrito al secretario general, a los secretarios de gobierno y secretarios coordinadores advirtiendo de que «no se va a aceptar ninguna presión para que un funcionario realice funciones que no están recogidas en la ley mientras que no se retribuyan adecuadamente y para que no se realice sin su presencia ninguna actuación que tenga que ser firmada por el/la LAJ (letrado judicial). En caso de tener conocimiento de alguna presión sobre esta cuestión se denunciará en la instancia correspondiente", adelantan.

Por otro lado, y conscientes del perjuicio notable que implica la huelga para profesionales y ciudadanos, se mostraban dispuestos «a contactar con los colegios de abogados, procuradores y graduados sociales de cada ámbito territorial para exponerles la ausencia de voluntad de negociación del Ministerio y acordar la publicación de una declaración", exigiendo a Justicia "diálogo y negociación para solucionar el conflicto«. En el mismo comunicado, el comité de huelga no descartaba más medidas de prisión en las próximas fechas.

Los funcionarios exigen una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario, en concreto de entre 350 y 430 euros. Esta subida se llevaría a cabo a través del concepto «Complemento general del puesto», una retribución básica ligada a sus funciones, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen. Consideran que si se ha pactado una subida salarial primero con los letrados judiciales y luego con jueces y fiscales el ministerio ha de hacer lo propio con ellos.