Los funcionarios de Justicia siguen en huelga pese al adelanto electoral

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Nati Villanueva

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Con el Ejecutivo de Sánchez con un pie fuera ya no es difícil aventurar que si el colectivo de funcionarios de Justicia no tenía ya fácil que el ministerio del ramo y el de Hacienda accedieran a sus reivindicaciones, que hasta ayer pasaban por un aumento de sueldo y por el reconocimiento de sus funciones dentro del marco de la nueva ley de eficiencia procesal (ley que, con la disolución de las Cortes, decae), las cosas ahora se complican más. Aun así, y después de un intenso debate en el seno del colectivo durante toda la jornada de ayer, los sindicatos convocantes han decidido seguir adelante con una huelga y vuelven a pedir la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en este conflicto.

Sostienen que hasta las elecciones el Ejecutivo se mantiene activo y tiene que seguir afrontando su día a día sin que el adelanto electoral pueda servir de excusa. Sin embargo, ya antes de este adelanto electoral fuentes del ministerio trasmitían a este medio sus recelos a sentarse a negociar con los funcionarios cuestiones que podían comprometer a futuros gobiernos de comunidades autónomas. De hecho, tras las elecciones del domingo varios gobiernos regionales van a cambiar de manos.

«No estamos ante un gobierno en funciones sino ante un gobierno plenamente activo que, sin duda, va a seguir trabajando con normalidad y proponiendo iniciativas en las próximas semanas», señalan los convocantes, que recuerdan que hay precedentes de acuerdos firmados a las puertas de unos comicios, en concreto en 2008 y 2018.

En un comunicado los sindicatos exigen al Ministerio de Justicia «que no utilice el anuncio realizado por el presidente del Gobierno para escabullirse de su responsabilidad para con los 45.000 empleados y empleadas públicas de Justicia y para con la ciudadanía española».

Precisamente ayer, el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, pedía a los funcionarios que, en un ejercicio de responsabilidad, desconvoquen la huelga, que «está causando un daño irreparable a los profesionales y a los justiciables, ciudadanos y empresas», y asuman «que el actual contexto político no permite vislumbrar un fin cercano de este conflicto». Según los datos registrados por el colegio, desde el inicio de las movilizaciones (el 17 de abril) se han suspendido en Madrid más de 5.000 señalamientos, que hay que sumar a las más de 12.000 suspensiones provocadas por los paros realizados anteriormente por los letrados de la Administración de Justicia (LAJ).

Los LAJ son precisamente otro de los colectivos que están mirando con lupa la actuación del Gobierno tras el sorpresivo adelanto electoral, pues el acuerdo que Justicia y Función Pública firmaron con este colectivo, y que se tradujo en el incremento de sus nóminas, tiene que plasmarse todavía en la aprobación de tres reales decretos, uno referido al régimen de sustituciones y otros dos relativos al sistema retributivo del colectivo. Otra de las cuestiones, la reforma del reglamento orgánico, va más atrasado en su tramitación y no se esperaba el texto hasta finales de año.

En cualquier caso, fuentes del colectivo apuntan que, aunque el adelanto electoral «ha pillado a todos con el pie cambiado», se muestran convencidas de que el futuro Gobierno respetará los acuerdos ya firmados entre el Gobierno de España y los colectivos afectados.

En esta misma situación están las seis asociaciones de jueces y fiscales que la semana pasada firmaron con el Ejecutivo una actualización retributiva de 450 euros. En este caso es Justicia quien tiene que hacer la propuesta que salió de la mesa de retribuciones al Consejo de Ministros, que debe aprobarla. Aunque desde las asociaciones judiciales se muestra cautela, se muestran convencidos de que el adelanto electoral no les afectará porque todavía hay tiempo para aprobarlo. Añaden, además, que este tipo de acuerdos siempre se han respetado en el pasado aun con cambio de gobierno. En el caso de los jueces, el Gobierno tiene que llevar a cabo algún cambio normativo para actualizar las cuantías del complemento de destino de los jueces y fiscales.

El primer tramo de la subida de las nóminas de estos empleados públicos tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año. En este sentido no habría problema; lo que podría ser más difícil de cumplir es que el aumento se hiciera efectivo en octubre. En el peor de los casos podría retrasarse.