CASO MENAS
La Fiscalía Europea asume la investigación sobre desvío de fondos en centros de menores en Canarias
Coge las riendas del 'caso menas' que llevaba un juzgado de las islas con Anticorrupción al detectar financiación de Next Generation
La Fiscalía Europea ha cogido las riendas de una investigación que seguía Anticorrupción en el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria por malversación, falsificación de documento público y administración desleal en la gestión de centros de menores extranjeros no ... acompañados por cuenta de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, el conocido como 'caso menas'.
En un auto adelantado por El Confidencial y al que tuvo acceso ABC, el titular del juzgado envía las pesquisas a la Fiscalía Europea, que ha ejercido su avocación tras constatar que cerca de dos millones de euros de los fondos comprometidos eran de origen comunitario y en concreto, de la partida Next Generation.
La investigación arrancó en 2022 y se desencadenó con una querella de Anticorrupción presentada el 25 de mayo del año siguiente, con el foco puesto en las contrataciones por importe de hasta 12,5 millones de euros que había concedido por la vía de emergencia a esta ONG no inscrita en el Cabildo Insular la Consejería de Derechos Sociales que dirigía la entonces líder de Podemos en islas, Noemí Santana.
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Los centros afectados son los de Portobello, en Puerto Rico (Gran Canaria); Guiniguada y Alcorán, en Las Palmas de Gran Canaria; y Yaiza y La Santa, en Lanzarote, todos destinados a la acogida de menores inmigrantes. Anticorrupción sostenía ya entonces que la fundación había sido regada de dinero sin que mediase auditoría alguna y pese al notorio «lamentable» y «alarmante estado de deterioro» en que se encontraban esas instalaciones.
De hecho, la entidad bancaria que tenían de referencia, ante la abundancia de movimientos de dinero no justificados con esos fondos públicos les cerró las cuentas, pero abrieron nuevas en otro banco y siguieron percibiendo financiación pública hasta, al menos, el año 2022, encadenando adjudicaciones de emergencia sin que fuesen licitadas.
La investigación en el juzgado arrojaría después indicios de que los responsables de los centros se habían gastado en sí mismos parte de ese dinero para los menores, en conceptos como cirugía estética, hoteles de cuatro estrellas, tickets de combustible equivalentes a recorrer 1.500 kilómetros diarios en Gran Canaria (el perímetro completo de la isla es de 435 kilómetros), la compra de fruta por valor de 104.275 euros al hermano de uno de los directores, o reintegros en efectivo en cajeros. Así fue como saltó la alarma.
1,9 millones de la UE
En el auto que pasa las riendas a la Fiscalía Europea, el juez afina que se investiga un presunto desvío «de fondos públicos en beneficio propio» por parte de la fundación como persona jurídica y uno de sus responsables, ambos imputados, «sin perjuicio de las eventuales responsabilidades de las autoridades y funcionarios públicos que no hayan realizado un cabal control y seguimiento de la aplicación del gasto».
En este caso, fue la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) la que constató que la fundación había recibido fondos del instrumento europeo de recuperación Next Generation, una partida de 1,97 millones de euros que luego certificaría la Consejería de Hacienda y Relaciones con la UE de Canarias, razón por la que la Fiscalía Europea solicitó la avocación y ahora, asume las riendas de la causa. El Gobierno de Canarias consta como perjudicado.
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