Fiscales piden la dimisión de García Ortiz tras el rapapolvo del Supremo a su número dos por el caso Tsunami

«Tras esta resolución del Tribunal Supremo queda evidenciada una actuación del FGE que desprestigia gravemente al Ministerio Fiscal como institución. La postura mantenida por el Ministerio Público, en un procedimiento relevante, ha sido desautorizada por unanimidad por la Sala Segunda del Tribunal Supremo«, apunta la APIF. Señala que el caso »adquiere mayor gravedad« teniendo en cuenta que en Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, por amplia mayoría (once a cuatro), se apreciaron esos indicios contra Puigdemont y la necesidad de investigarle por terrorismo.

Recuerda la asociación que el Alto Tribunal no sólo fundamenta su resolución en jurisprudencia referida a hechos que han sido considerados como terrorismo sino que, además, cita la Memoria de la FGE del año 2020 en la que el Ministerio Fiscal fijó los hechos a los que se refiere la exposición razonada del juez de instrucción como encuadrables en ese delito. «Apartarse ahora de lo que se mantuvo hace cuatro años debería haber tenido un fundamento jurídico muy sólido para que encuentre justificación. La desautorización del Tribunal Supremo pone en evidencia que no hay ningún fundamento para apartarse del criterio que se estableció en 2020».

En su comunicado, la APIF asegura que en un sistema democrático, ningún cargo puede mantenerse en el ejercicio de su función cuando, «en un asunto tan relevante, queda totalmente desautorizado por la máxima autoridad jurisdiccional de un país, y no es esta la primera vez, ni la más grave, que eso ocurre«. »La dirección del Ministerio Fiscal exige un nivel en el ejercicio de su función que resulta incompatible con el varapalo recibido- añade-. El Ministerio Fiscal no puede exponerse, ni un minuto más, a esta cadena de desprestigio a la que nos está conduciendo la actuación del FGE«.