El fiscal general advierte del «peligro» de las acusaciones populares por el riesgo de «investigaciones prospectivas»

Durante su intervención en el acto de Apertura del Año Judicial, en el que ha presentado la Memoria de la Fiscalía, ha advertido que en ocasiones «se pervierte el esquema natural y lógico en el que solo deberían llegar ante los tribunales de justicia aquellas investigaciones en las que concurran poderosos indicios de responsabilidad criminal».

«Se trata de una figura positiva, en principio. Pero ocurre que cualquier interés ajeno —como hemos dicho— al fin mismo del proceso tiene acceso a él. Un interés que no tiene por qué ser ilegítimo, pero que mal utilizado puede llegar a serlo. Un interés particular, un derecho irrenunciable en el caso de las víctimas de los delitos, pero indudablemente perturbador en otros casos», ha señalado haciendo referencia en concreto a utilidades «privadas, políticas, religiosas, corporativas, económicas, mediáticas o, incluso, meramente procesales».

Sin nombrar la ley de Amnistía, el fiscal general ha hecho una reflexión sobre «el riesgo de dispersión interpretativa» y ha resaltado «la encomiable labor que la Fiscalía hace de la articulación y unificación en su interpretación del ordenamiento jurídico en aquellos campos del derecho en los que resulta competente». Así, ha defendido que es la Fiscalía quien «anticipa» la aplicación igualitaria de la ley, aunque ha querido dejar claro que siempre «a la espera de la labor unificadora que le corresponde al Tribunal Supremo».

Como es lógico, ha reclamado más medios para la Fiscalía y ha reclamado un «cambio» en el modelo procesal penal. Esto es significativo en medio de debate sobre quién debe ser quien dirigía la instrucción: el juez o el fiscal.

«El sistema, lo hemos dicho en innumerables ocasiones, no funciona en el contexto actual. A las carencias estructurales de la justicia española se suma un procedimiento que tuvo su razón de ser en unas coordenadas decimonónicas, pero que ahora no es eficaz ni eficiente ni garantista. Los peligros que acechan no solo a las personas como tales sino a la sociedad en su conjunto exigen un cambio completo de abordaje en nuestro proceso penal. No se trata solo de razones de ineficacia de un sistema obsoleto y perturbador, el riesgo es real y efectivo».

García Ortiz ha explicado que en 2023 se incoaron 1.663.862 procedimientos de diligencias previas, lo que supone un crecimiento del 11,1% respecto del año 2022. «Los delitos contra la vida y contra la integridad representan el 31% de las diligencias previas incoadas en 2023 y los delitos contra el patrimonio se mantienen en el 20%», ha concretado.

El fiscal genera ha hecho referencia al «alarmante» incremento del porcentaje de suspensiones de juicios respecto de la anualidad anterior. En los juzgados de lo penal, como media nacional, se suspendieron el 42,6%, mientras que en las audiencias provinciales la media fue del 36,3%. «Ponemos el acento en este alarmante número de suspensiones que ralentizan la reacción del Estado frente a la criminalidad y desalientan a profesionales y víctimas, pues supone una evidente merma en la calidad de la justicia al servicio de los ciudadanos y ciudadanas», ha apuntado.

En cuanto al dato de las sentencias dictadas en 2023, da por «normalizado» el funcionamiento de los órganos judiciales tras el impacto que supuso la crisis sanitaria de 2020.

Al comienzo de su intervención el fiscal general ha destacado la «novedad relevante» que supone la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la elección de su nueva presidenta, Isabel Perelló. «Renovado por fin», ha dicho antes de hacer un ofrecimiento «sincero de colaboración y cooperación».

Ortiz ha contrapuesto el rigor de la Fiscalía «frente a la banalidad de otros comentarios destinados a morir en algunos titulares de prensa, fomenta la confianza en las instituciones y combate la desinformación, la mentira y el infundio, uno de los riesgos más importantes para nuestra democracia y también nuestra convivencia». También ha hecho referencia a la paridad existente en la Fiscalía: «No solo el 66% de sus integrantes son mujeres, sino que su presencia en los cargos directivos alcanza ya el 45%, lo que representa un incremento de seis puntos respecto de 2019».

García Ortiz ha querido también poner el acento en la relación entre los menores y las redes sociales. «Resulta indudable que la tecnología y las redes sociales forman parte de nuestra vida y —de una manera más intensa— de la de nuestros jóvenes, que han convertido el hábitat virtual en su medio natural de comunicación y socialización», ha explicado.

Tras repasar las oportunidades de interactuación que ofrecen, ha advertido de que al mismo tiempo «estas herramientas son aptas para convertir a los menores en víctimas fáciles de delitos o de conductas irregulares, a la par que en potenciales infractores al albur de imitaciones inadecuadas».