El Supremo reprende de nuevo a García Ortiz, ahora por ejecutar mal la sentencia que anuló el primer nombramiento de Delgado

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Aquella sentencia, que anuló el nombramiento de Delgado por desviación de poder, ordenó devolver el procedimiento al momento anterior a la propuesta del fiscal general al Consejo de Ministros para la cobertura de esa plaza, en la que el Supremo vio «desviación de poder». Sin embargo, García Ortiz retrocedió un paso más, y convocó un pleno del Consejo Fiscal para el 29 de mayo de 2024 incluyendo en el punto cuarto del orden del día de la reunión el concurso y la ejecución de la sentencia.

Uno de los aspirantes al puesto, Luis Rueda, a quien el Supremo dio la razón anulando el nombramiento de Dolores Delgado, presentó un incidente de ejecución de sentencia al entender que el acto del fiscal general del Estado incumplía lo dispuesto en la sentencia porque al devolverlo a un momento anterior a lo ordenado -Consejo Fiscal- se reabrían trámites del procedimiento administrativo que la sentencia consideró definitivos. De hecho, en ese Consejo Fiscal, en el que ya no era Delgado la candidata (porque ya estaba en Memoria Democrática), García Ortiz propuso a la fiscal de la Manada, Isabel Rodríguez, para este puesto, cuando el candidato más votado en el Consejo Fiscal en el que salió Delgado, el que recibió más apoyos fue el propio Rueda.

En el recurso de Rueda, el abogado del Estado defendió que la decisión del fiscal general no contravino el fallo, entre otras razones, porque para incurrir en causa de nulidad no basta la mera contravención del fallo tendría que existir la finalidad de eludir el cumplimiento del fallo. La Sala no alberga ninguna duda de que sí lo contraviene de forma «evidente».

Esa retroacción «más allá de lo acordado por la sentencia no es inocua, pues implica que el Consejo Fiscal examine y valore de nuevo todas las candidaturas, lo que podría tener influencia -aunque no sea vinculante- en la propuesta que finalmente eleve el fiscal general del Estado al Consejo de Ministros». De hecho, en este caso se obligó a los vocales a volver a votar.

«Sin necesidad de entrar ahora en valoraciones sobre la finalidad buscada por el fiscal general del Estado (...) es lo cierto que esa misma jurisprudencia viene afirmando que, cuando el acto que objetivamente resulte incompatible con el fallo de la sentencia carece de motivación que explique o justifique dicha contradicción, se presume la intención de eludir su cumplimiento».

La Sala concluye que en el presente caso no se dio por el fiscal general del Estado «ninguna explicación de la inclusión del mencionado punto cuarto en el orden del día del pleno del Consejo Fiscal de 29 de mayo de 2024, debe concluirse que concurren todas las condiciones legalmente exigidas para declarar nulo dicho acto». Por ello, «como es obvio, comporta asimismo la nulidad de cualesquiera otras actuaciones y resoluciones posteriores que se hayan tomado en el procedimiento administrativo relativo al concurso».

La cuestión afecta así de lleno a la fiscal Isabel Rodríguez, que el pasado 26 de junio tomó posesión de esta plaza apadrinada por el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. En ese acto, el fiscal general destacó el bagaje profesional de Rodríguez hasta llegar a la Fiscalía de Sala. De ella dijo que es «una persona, extremadamente generosa, bondadosa, discreta y reconocida y querida en esta casa».