ERC quiere que Sánchez comparezca en la comisión de investigación sobre el caso Pegasus

Hace dos años, trascendió que decenas de independentistas habían sido espiados con este 'spyware' y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) reconoció el uso de este programa en algunos casos, siempre con orden judicial, entre otros sobre el teléfono del presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès (ERC). Si Junts ha centrado sus esfuerzos en la comisión de investigación de la operación de Cataluña y la de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona), los republicanos priorizaron esta trama de espionaje que afectó a varios de sus dirigentes, así como a periodistas y activistas.

En medio de un fuerte malestar de sus socios independentistas, el Gobierno reconoció en 2022 que también había sufrido los efectos del 'malware' Pegasus en el móvil del propio presidente Sánchez, en el de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y en el del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El escándalo le costó el puesto a la anterior directora del CNI, Paz Esteban, en un movimiento que buscaba a su vez calmar las tensiones del Ejecutivo con el secesionismo catalán.

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ERC reclama el paso por la comisión de investigación de los últimos tres directores del CNI, incluida la actual, Félix Sanz Roldán, Paz Esteban y Esperanza Casteleiro, así como de otros cargos menores de los servicios de la inteligencia española. También exige la presencia en el órgano de Robles y Grande-Marlaska, además de la del propio Sánchez, así como antiguos integrantes del Gobierno como el exjefe de gabinete del presidente Iván Redondo y los exvicepresidentes Nadia Calviño, Pablo Iglesias y Carmen Calvo. Desea que se citen asimismo al expresidente Mariano Rajoy (PP) y a quienes fueron sus últimas vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

Los separatistas completan el listado con supuestas víctimas del espionaje, entre ellas el 'president' Aragonès y el expresidente del Parlamento catalán Roger Torrent, con cargos policiales, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, importantes miembros de la Comisión Europea, entre ellos el comisario de Justicia, Didier Reynders, y cinco jueces, entre los que destaca Pablo Lucas, quien es ni más ni menos que magistrado del Tribunal Supremo. Por supuesto, plantean que acuda a declarar al Congreso, al igual que sucede con la operación Cataluña, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, quien investiga las causas abiertas por terrorismo contra los autodenominados Comitès de Defensa de la República (CDR) y contra Tsunami Democràtic, en la que están investigados los prófugos Carles Puigdemont y Marta Rovira.

El PSOE también ha dado a conocer su listado, que apenas es de diez nombres, en el que básicamente cita a secretarios de Estado y directores generales del Gobierno de Rajoy. Las comisiones de investigación nacen lejos del acuerdo, como se ha visto este martes, por ejemplo, en la de los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils (Tarragona), en agosto del 2017, donde sus señorías ni siquiera han sido capaces de aprobar un plan de trabajo. Mientras los socialistas y Sumar han propuesto una concepción meramente metodológica, ERC y Junts buscaban centrar la investigación entre la presunta relación del CNI y el entonces imán de Ripoll (Barcelona), Abdelbaki Es Satty, el cerebro de los ataques.