El fiscal que rechazó investigar a Puigdemont, promovido a una jefatura del Ministerio Público

Carballo vuelve así a Ciudad Real, donde comenzó su carrera en 1991 y donde fue fiscal hasta 2005. Ese año aterrizó en la Audiencia Nacional. Allí fue teniente fiscal entre los años 2017 y 2022.

En 2019, Carballo obtuvo la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo entregada por el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, y concedida por la Dirección General de Policía. Carballo fue el fiscal en el juicio que la Audiencia Nacional celebró contra los terroristas de ETA que asesinaron al concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco.

Por otra parte, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha propuesto también en el Pleno de este jueves el nombramiento de la actual fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Teresa Gisbert, como fiscal de Sala de Menores. El puesto permanecía vacante desde que el Tribunal Supremo anulara, el pasado mes de julio, el nombramiento de Eduardo Esteban, que fue propuesto por la anterior fiscal general, Dolores Delgado.

Gisbert ingresó en la Carrera Fiscal en 1981. Si trayectoria profesional comenzó en las Fiscalías de Barcelona y Castellón. En 1984 se incorporó a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. En 2008 fue nombrada fiscal jefa provincial de Valencia, donde permaneció 2018. Ya en 2019 tomó posesión como Fiscal Superior de la Comunidad Valenciana.

A este puesto optaba el candidato cuyos méritos la Sala Tercera del Supremo consideró muy superiores a los de Eduardo Esteban y quien fue precisamente quien recurrió su nombramiento. En una contundente sentencia los magistrados recordaban que «es preciso motivar y así exteriorizar el cumplimiento de los límites a los que está sujeto el acto de elección, para no incurrir en un voluntarismo que degenere en arbitrariedad».

En un mensaje dirigido a la anterior fiscal general, Dolores Delgado, que fue quien le nombró, la Sala señaló entonces que la discrecionalidad de la libre designación se desenvuelve en el ámbito de la provisión de puestos entre funcionarios de carrera (en este caso los fiscales) y, por tanto, rigen también los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. «La idoneidad -luego también la no idoneidad para no ser nombrado- es de libre apreciación, cierto, pero es un juicio que debe ser coherente con las exigencias del puesto porque, repetimos, esa idoneidad es ante todo profesional y la confianza en que se basa radica en que quien nombra espera, confía, en que el designado desempeñará adecuadamente el puesto«.

En sus alegaciones, Delgado dejó meridianamente claro que De la Rosa no le gustaba como candidato porque sus «planteamientos» estaban muy «alejados» de los suyos. «En su trabajo en la sección civil de la Fiscalía del Supremo -dijo sobre José Miguel de la Rosa- viene sosteniendo posturas con las que no me identifico en asuntos concretos y que reflejan, a mi juicio y en mi discrecionalidad, una falta de sensibilidad para el abordaje de las cuestiones jurídicas desde esa perspectiva (...). No sólo elijo a uno de los candidatos, también elijo un modelo», dijo.