El enaltecimiento del terrorismo de ETA es ya «un delito de casi imposible condena»

Así lo expone la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado que se ha presentado este miércoles con motivo del inicio del Año Judicial. El capítulo que desarrolla la labor de los fiscales en la Audiencia Nacional evidencia con cifras la dificultad de impulsar causas por enaltecimiento de ETA en un momento, además, en que los homenajes y otros actos que vanaglorian a los asesinos reviven en las calles del País Vasco incluso con el amparo de algunos ayuntamientos. El propio informe indica que «a pesar de la disolución de ETA, las consecuencias de su actividad continúan evidenciándose».

En total, un 31,86% de las diligencias que se incoaron el año pasado con participación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional lo fueron por terrorismo, 171 procedimientos de los que 44 tenían que ver con ETA. De estas, 20 eran por enaltecimiento y seis por humillación a las víctimas. No se registro ningún auto de procedimiento abreviado por apología, es decir, no se envió a juicio ninguna conducta de este tipo. Constan, además, tres sobreseimientos en el balance oficial.

Sin embargo, cuando se trata de la iniciativa de los fiscales, no cejaron en el empeño. De las 79 investigaciones que emprendieron «el mayor número se incoan por presuntos delitos de enaltecimiento del terrorismo y por manifestaciones reivindicativas en favor de la situación penitenciaria de los presos de ETA, llevadas a cabo por colectivos y plataformas de familiares y simpatizantes de los mismos».

No concreta el documento cuántas de estas pesquisas previas acabaron cerradas y cuántas judicializadas, lo que sí refleja es que se presentaron en ese ejercicio cinco escritos pidiendo condenas para seis acusados por terrorismo de ETA, ninguno por apología. Se dictaron en total 19 sentencias en la Audiencia Nacional en este ámbito por las que una decena de etarras resultaron condenados. Hubo tres absoluciones de otros tantos acusados en relación a las actividades de la banda.

Y cuando la Fiscalía habla de enaltecimiento, habla también de violencia callejera. El balance revela que en el año 2021 se constató «un repunte de actos violentos en el País Vasco y Navarra, subsumidos dentro de la violencia radical de carácter independentista». Se produjeron 14 detenciones en este contexto por daños (3), humillación de las víctimas (2), manifestación ilegal (7) y quema de cajeros (2).

También consta un apartado relativo a las funciones de vigilancia penitenciaria con mención expresa al hecho de que en octubre del año pasado, el Gobierno central traspasó al Ejecutivo vasco la competencia en la gestión de prisiones y ofrece un balance de datos que si bien está desactualizado por el goteo de traslados y progresiones de grado que se han producido este año, sí evidencia que en cuestión de cuatro meses, 72 de los 195 presos de ETA estaban ya bajo control del sistema autonómico.

En todo el año pasado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió 15 permisos penitenciarios para presos por terrorismo, tres redenciones extraordinarias de las penas, un caso de libertad condicional y cinco concesiones de terceros grados. También un caso de clasificación, lo que enlaza con la reivindicación que eleva el informe en este punto: piden reformas para garantizar que el Ministerio Público tiene participación en estos procesos, porque si bien el fiscal está legitimado para recurrir resoluciones de los juzgados y tribunales, no ocurre lo mismo con las decisiones administrativas, es decir, las que adoptan las propias cárceles.

«En la práctica, no se notifica al Ministerio Fiscal ninguna progresión a segundo grado respecto de ninguno de los internos que cumplen pena en cualquiera de los centros penitenciarios españoles. La conclusión que podemos extraer es que, ciertamente, existe un campo de discrecionalidad administrativa que escapa al control de la Fiscalía», dice el informe. Pide una reforma del Reglamento penitenciario que le permita recurrir los segundos grados.

A 31 de diciembre del año pasado, conforme los mismos datos oficiales, se contaban en total en los Juzgados Centrales 22 investigados en diligencias de investigación de la Fiscalía y 318 personas investigadas en causas por terrorismo, «sin perjuicio de que, al menos en lo que a terrorismo de la organización terrorista ETA se refiere, puede haber una coincidencia de investigados entre varias causas abiertas».

En este sentido, el informe refleja la persistencia de la colaboración con Francia para el esclarecimiento de crímenes aún pendientes y cómo el análisis de la documentación remitida por sus autoridades, los denominados «sellos», ha permitido «determinar la presunta participación de terroristas concretos tanto en la materialización de atentados como en la comisión de otros hechos de naturaleza terrorista».

«Se han continuado los trabajos de análisis de los efectos procedentes de Francia y relacionados con ETA recibidos en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Durante 2021 se han incoado seis diligencias de Investigación, de las que 2 han sido judicializadas con objeto, o bien de reabrir procedimientos que se encontraban en situación de archivo, o bien de iniciar nuevas actuaciones, manteniéndose abiertas los 4 restantes», resume el balance del fiscal Jefe.

La 'cara b' de esos esfuerzos en la lucha contra ETA es que en ese mismo año, «se contabilizaban 42 huidos que permanecían en paradero desconocido o en países en los que no es posible su extradición». De los terroristas en esta situación, 24 tienen cuentas pendientes con la Justicia.

Además, recoge la Fiscalía de la Audiencia Nacional que si ya en 2011, cuando se produjo el autodenominado «cese definitivo de acciones armadas», las autoridades eran conscientes de que el inventario de armas que entregó ETA estaba incompleto, una década después siguió refrendándose esa tesis.

En octubre de 2021 apareció un zulo en una cueva del municipio de Ataun (Guipúzcoa), que contenía componentes de subfusiles, 2 granadas, cordón detonante, diversa munición, una emisora de radio, tornillería y placas de matrícula.