La élite de los notarios contra el blanqueo: 25.000 políticos vigilados y datos de 43 millones de personas

Allí donde sea necesaria una indagación patrimonial, de Malaya, Bárcenas, los ERE o el 3%, por nombrar algunos casos, están ellos. La mitad del grupo gestiona una base de datos que contiene más de 188,7 millones de actos jurídicos registrados y digitalizados desde el año 2004, el ejercicio anterior a la creación de este organismo, que nació en diciembre de 2005. Es la segunda más grande de España, casi nada. Solo pesa más la de la Agencia Tributaria, el Gran Hermano padre de casi todas las operaciones económicas. Cruzando ambas, todos estamos desnudos. Los otros ocho integrantes del OCP son los analistas, con perfiles que van desde un antiguo agente de aduanas que luchaba contra el narcotráfico hasta exempleados de Hacienda pasando por dos economistas y un abogado. Al frente de la unidad de análisis está Mariano García Fresno que trabaja codo con codo con Pedro Galindo, el director de Gabinete de la Presidencia del Notariado.

Entre las manos de este equipo hay información de 42,6 millones de personas físicas -españoles y extranjeros- y 3,7 millones de personas jurídicas, es decir, sociedades. Todo lo que ha pasado por una notaría en los últimos 17 años. Las cifras abruman: nueve millones de actas o negocios jurídicos engrosan cada año el Índice Único Informatizado Notarial, que permite a los notarios remitir de forma telemática al Consejo General del Notariado, presidido por José Ángel Martínez Sanchiz, todas las escrituras y actas públicas autorizadas por los más de 2.800 notarios existentes en España para que puedan ser procesadas y utilizadas dentro de las situaciones que permite la legislación española.

Una de las grandes recopilaciones de datos, cuantitativa y cualitativamente hablando, que puso en marcha el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales es el listado de Personas con Responsabilidad Pública (PRP), que suma 25.000 nombres: ministros, diputados, senadores, miembros de cámaras autonómicas, alcaldes... Junto al nombre, apellidos y DNI aparecen los cargos que desempeña o ha desempeñado perfectamente datados.

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Además, esta base de datos tiene asociados otros 25.000 nombres que corresponden a los denominados PRPA (Persona con Responsabilidad Pública Allegado), es decir, su entorno más cercano. Monitorizar la actividad notarial de un político que se corrompe es, lógicamente, muy valioso en las investigaciones contra la corrupción. El sistema utiliza un código de banderas, y en las operaciones en las que intervienen estas personas con responsabilidad pública puede verse una bandera de color rojo con las siglas en blanco.

La metodología y las citadas siglas recuerdan al código bancario internacional PEP, Politically Exposed Person, es decir, Persona Políticamente Expuesta, una calificación con la que las entidades deben identificar a clientes con responsabilidades políticas para, si fuera el caso, trasladar información sobre operaciones sospechosas a las autoridades correspondientes.

El OCP trabaja, básicamente, de dos modos: por un lado, facilita información requerida por la Policía Nacional, la Guardia Civil o el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) del Banco de España; por otro, realizan investigaciones de oficio cuando hallan patrones de financiación del terrorismo o blanqueo. Entre 2006 y 2021, esta unidad ha respondido, a petición de órganos judiciales, fiscalías y Policía Judicial, más de 270.000 solicitudes de información sobre y facilitado datos de 250.000 personas.

En cuanto a las investigaciones de oficio, éstas se abren cuando se detectan un riesgo basado en una serie de criterios objetivos, «parámetros de 'scoring', matemáticos», dicen a ABC fuentes del OCP refiriéndose a una serie de ingredientes que convierten una operación notarial en sospechosa. Por ejemplo, alguien, pongamos un ciudadano ruso, crea una sociedad limitada con el capital mínimo, 3.000 euros, controlada por otra sociedad radicada en Luxemburgo. Luego la SL española adquiere un inmueble con un millón de euros que ha llegado desde un banco en Chipre. Seguido la empresa se disuelve y el inmueble pasa a la sociedad de Luxemburgo. Automáticamente salta un chivato.

Desde mayo de 2014 el Notariado dispone de una Base de Datos del Titular Real, «única en el mundo», sostienen fuentes oficiales, gracias a la que se puede conocer quiénes son los verdaderos titulares de una sociedad, aunque hayan intentado evitarlo «con el encadenamiento de estructuras societarias complejas». De hecho, en el registro Mercantil tan solo se registran los accionistas constituyentes de una sociedad, y es habitual que después se realicen compra-ventas de las participaciones para que la empresa pase a otras manos sin que conste de forma pública. Los notarios sí pueden rastrearlo, pues esas operaciones pasan por sus oficinas.

También puede ocurrir que la operación provoque sospechas en la notaría en la que se firma. El notario hace una serie de preguntas a la persona que firma, pero ésta no contesta, sino que sino que pregunta constantemente a un acompañante, o incluso llama por teléfono a otra persona. De hecho, si el fedatario público observa que la operación es opaca, puede negarse a firmarla. Lo primero que debe hacer un notario cuando detecta un indicador de riesgo es comprobar si hay más y notificarlo al OCP. «Un documento público puede ser la coartada para un blanqueo», aseveran desde el Consejo General del Notariado. Un ciudadano hace un préstamo en metálico a otro y se documenta en una notaría, pero a veces ese dinero no es del supuesto prestamista, sino del prestatario, que ha pagado una parte para introducir esos fondos en el circuito legal, es decir, para blanquearlos.

Cada año salen del OCP entre 400 y 500 expedientes hacia el Sepblac del Banco de España, que también recibe puntuales reportes de inmobiliarias, bancos, casinos y despachos de abogados.

Para este cuerpo de élite es importante ser proactivos, investigar de oficio, estar alerta. Observa, por poner otro ejemplo, que muchos ciudadanos argelinos están realizando operaciones en Alicante. Detrás puede haber una trama de financiación de actividades terroristas. Y si no hay nada, se archiva.

A diferencia de la Policía o la Guardia Civil, el Órgano centralizado de Prevención del Blanqueo del Notariado no solo es que puedan hacer investigaciones prospectivas, sino que deben. La Policía no tiene permitido «salir a pescar», sino que debe actuar tras una denuncia, un indicio de la comisión de un delito, pero el OCP, así como una entidad financiera, sí pueden ser proactivos. La Policía Judicial trabaja para reprender ante la comisión de un ilícito; los notarios lo hacen, básicamente, para prevenir.

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Además de la ingente información que se genera en las notarías, la Unidad de Análisis del OCP también utiliza otras fuentes externas, que van desde el Registro Mercantil y sus equivalentes en otros países hasta el Catastro pasando por notas de prensa relativas a delitos económicos y financiación del terrorismo o listas internacionales de criminales o de Personas Expuestas a la Política (PEP). Y si hay que 'googlear' para buscar objetivos, se hace.

¿Pero qué pasa con las escrituras previas a 2005, que no forman parte del Índice Único? Cada notario guarda copia de los documentos durante 25 años y, transcurrido este periodo, se entregan al respectivo Colegio, donde hay un notario archivero que las custodia. Si fuera necesario uno de estos documentos, la información no se obtendría al instante, pero solo sería cuestión de tiempo.

En cuanto a cómo se financia el OCP, éste depende íntegramente del Consejo General del Notariado. Sus actividades son de interés público, en tanto en cuanto asisten a organismos oficiales en la lucha contra el blanqueo de capitales, pero su sustento sale de las cuotas que aporta cada notario, como un servicio más para la seguridad de las operaciones que se elevan a público.

-La semana que viene tengo que ir al notario -dice el periodista.

-Pues dentro de dos lo sabremos -responden en el OCP.