Anticorrupción desmonta la coartada independentista de los herederos de Pujol y Mas

Esta es la tesis que sostiene el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción en el caso del 3 por ciento, presentado ayer en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y que se dirige contra 30 personas, 14 empresas y el PDECat, la marca que el partido de Jordi Pujol y Artur utilizó en 2016 para intentar desmarcarse de las posibles responsabilidades por las conductas en CDC.

En el centro de la trama estarían Germà Gordó, exsecretario de Gobierno de la Generalitat y Andreu Viloca, tesorero de CDC y de Catdem, fundación de ese partido, que junto a otras cuatro personas de esa formación -Francesc Xavier Sánchez, responsable económico; Daniel Osàcar, exgerente y extesorero de Catdem y Forum Barcelona; Carles del Pozo, gerente y coordinador del área económica de la formación y Ana Dolors Benítez, jefa económica y financiera de la misma- actuaron con un solo fin: «Subvertir las reglas de competencia del mercado y usar la dirección de las administraciones para obtener un beneficio y lucro ilícito, personal y mercantil, en el caso de los empresarios, económico y político, en el caso de los dirigentes del partido, consiguiendo una 'financiación ilegal' para el mismo».

Noticia Relacionada

Germà Gordó, la puerta a la que llamar

Àlex Gubern

Cuando una empresa de fuera de Cataluña tenía dificultades para lograr contratos públicos en la comunidad, sabía quién era la persona clave con quien hablar

Viloca, «centro neurálgico de la estructura», es el que afronta un peor horizonte penal, con 21 años y 4 meses. Para Gordó, la Fiscalía pide 18 años y diez meses de prisión, mientras Del Pozo se enfrenta a 14 años y Benítez, a un total de diez. Mientras, insta un año y medio de trabajos en beneficio de la comunidad para Osácar y otros dos años de servicios comunitarios para Francesc Sánchez, que de este modo no entrarían en prisión, presumiblemente, por su reconocimiento de los hechos. Las multas a los acusados por blanqueo llegan hasta los 3 millones de euros.

El fiscal sostiene que el patrón de actuación «se reprodujo una y otra vez: «control de la información/licitaciones desde el despacho del tesorero de CDC (Andreu Viloca) relativos a diferentes administraciones públicas; identificación de las empresas a las que adjudicar las anteriores licitaciones; reuniones entre Viloca y las personas vinculadas a esas empresas (consejeros delegados, presidentes, etc...) así como con responsables de empresas públicas (...) y control y exigencia de donaciones de dichas empresas a CDC a través de algunas de sus fundaciones»: CatDem y Forum Barcelona.

En estos pasos había una relación «temporal y causal», de tal modo que al anuncio o publicación de los concursos le sucedían reuniones entre los diferentes implicados durante la tramitación de los mismos. Luego, se adjudicaba el contrato de obra o servicio y se producían las donaciones a las fundaciones de Convergència. En un número relevante de casos, además, se daban irregularidades en los procesos de adjudicación que revelan, a juicio del Ministerio Público, que estaban dirigidas para favorecer a las empresas que luego pagarían la 'tasa' nacionalista.

Los actores implicados son personas e instituciones públicas con capacidad de adjudicar obras y servicios públicos en diferentes escenarios territoriales o institucionales; empresarios dispuestos a pagar comisiones para mantener la «especial relación» con CDC a cambio de ser beneficiados, y los altos cargos del partido, con especial relevancia de Viloca y Gordó. El primero llevaba un control exhaustivo de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública y de concursos ofrecidos por las administraciones controladas por Convergència. El segundo fue durante varios años el contacto de los contratistas con la Administración catalana y el partido.

Se les acusa de influir en las autoridades de distintas administraciones públicas donde gobernaba la formación para dirigir concursos públicos a empresas conniventes que, «a cambio de influencia y en ocasiones de la propia adjudicación», hacían donaciones a través de las fundaciones del partido que luego revertían en este. Anticorrupción llega a calificarlo de «servicio»: lo que ofrecían era «influir decisivamente en cualquier persona que dentro de su ámbito político o de partido tuviere capacidad decisoria» sobre los contratos.

Solo de CatDem y Forum Barcelona, Convergència se habría embolsado casi 1,9 millones «como pagos ilícitos» que se giraron al partido simulando la prestación de servicios. «Ambas fundaciones eran un integrante más de la formación política, desarrollándose para con ellas un sistema de unidad de caja a través del cual el partido controlaba todos los ingresos, gastos y saldos de ellas como si del propio partido se trataran», dice la Fiscalía. Concluye que «el partido consideraba como propios los fondos» que recibían las entidades como donación. Fueron más de nueve millones en el periodo analizado, de 2008 a 2015.

En cuanto al PDECat, Anticorrupción sostiene que su creación en 2016, «lejos de corresponderse con el nacimiento de un nuevo partido, fue la mera transformación o cambio de apariencia de una misma realidad, con la finalidad de desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido la formación política precedente, Convergència».

Parte de que «se conservó en el nuevo partido una identidad sustancial con la estructura, funcionamiento y recursos humanos y materiales» pues «casi la totalidad de los miembros» que integraron su primera directiva desarrollaban las mismas funciones en CDC, el personal asalariado simplemente migró de marca, mantuvieron los inmuebles -37 de las 42 sedes de CDC pasaron a PDECat- y hasta la titularidad de las mismas líneas telefónicas. Acusa por ello al Partido Demócrata de Cataluña del delito que atribuye a Convergència, un blanqueo de capitales por el que pide tres millones de euros de multa.

Anticorrupción recoge en su escrito un total de 31 contratos públicos afectados, ya sea desde ayuntamientos donde gobernaba Convergència, hasta la propia Generalitat de Cataluña, pasando por fundaciones privadas o entidades como Incasol y el Instituto de Seguridad Pública. Cifra en 218,7 millones de euros el monto total de «licitaciones comprometidas».

En resumen, «lo esencial era la conexión íntima, estable y permanente entre los empresarios y las autoridades del partido. Aquellos iban realizando donaciones para conseguir ir posicionando a la empresa con el partido (o manteniendo la posición), para tener información privilegiada, influencias directas, y para conseguir el direccionamiento en su favor de las adjudicaciones ilícitas cuando correspondiera. Los responsables de finanzas de CDC y empresarios se concertaban, a cambio de precio para las arcas del partido, para conseguir que se alteraran las reglas del mérito y la competencia, en perjuicio de los recursos públicos y de las legítimas expectativas de los restantes licitadores».