EE.UU. da a Sánchez hasta final de mes para romper con Huawei

En una respuesta oficial por carta, Gabbard ha señalado que a finales de mes tendrá un informe que, de concluir que esos contratos se mantienen, derivará en una notable limitación del flujo de inteligencia compartida, crucial para las Fuerzas de Seguridad en la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas.

La revisión, que se desarrolla en respuesta a advertencias previas de las comisiones de Inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes, examina a fondo los posibles riesgos para los activos, métodos y fuentes de inteligencia estadounidenses, así como la solidez de los protocolos actuales de intercambio de información con España.

Según fuentes de la Casa Blanca, que confirmaron la existencia de la carta, el proceso implicará a equipos técnicos y jurídicos, que analizan desde la exposición de sistemas electrónicos y redes de comunicación hasta la posibilidad de que terceros países como China accedan a datos clasificados a través de proveedores tecnológicos.

En Washington, los focos están puestos ahora en Madrid a la espera de un dictamen que podría redefinir el papel de España dentro de los mecanismos de cooperación de seguridad occidentales si los socios entran en contacto más estrecho con China.

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Pekín es considerado por las agencias de inteligencia estadounidenses como una de las principales amenazas estratégicas, y en los últimos años Washington ha librado con éxito una campaña para impedir que empresas chinas como Huawei participaran en el despliegue de redes 5G en países aliados. Por eso, la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de adjudicar a la compañía contratos en un área tan sensible ha generado desconcierto y preocupación en la capital estadounidense.

El Ministerio del Interior español ha adjudicado a Huawei contratos por valor de 12,3 millones de euros para suministrar servidores y prestar servicios de consultoría destinados al sistema de interceptación legal de comunicaciones, utilizado por las Fuerzas de Seguridad para almacenar y gestionar escuchas autorizadas por orden judicial.

Huawei es una empresa controlada por el Estado chino y sujeta a las leyes de Inteligencia Nacional y de Seguridad de Datos de la República Popular China, que obligan a todas las compañías a colaborar con el Partido Comunista y a entregar cualquier información que les sea solicitada por las autoridades.

Según un boletín del 5 de agosto de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China, que depende del Capitolio, el hecho de que otros países de la Unión Europea compartan inteligencia con España implica que «parte de esas escuchas podrían acabar almacenadas en el sistema gestionado por Huawei».

La adjudicación de este contrato, añade el análisis, evidencia las incoherencias en la aplicación de un enfoque común en la UE para retirar a los proveedores chinos de las infraestructuras críticas. Mientras los tres principales operadores españoles han excluido el equipo de Huawei de las redes 5G, el Gobierno español ha adoptado «una postura más suave frente a China que otros socios europeos», en paralelo a su estrategia de atraer inversión de ese país en sectores como los vehículos eléctricos y las energías renovables.

Los presidentes de las comisiones de Inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes, Tom Cotton y Rick Crawford, remitieron el 17 de julio una carta a Gabbard solicitando una revisión inmediata de la cooperación con España, advirtiendo del riesgo que supone para la seguridad occidental la adjudicación de contratos a Huawei.

Aquella petición del poder legislativo deriva ahora en una decisión ejecutiva: Gabbard, que forma parte del gabinete ministerial de la Casa Blanca y mantiene consultas frecuentes con el presidente Trump, ha ordenado esta investigación formal que podría traducirse en la restricción del intercambio de información con España.

Estados Unidos comparte con España información clave en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico y las ciberamenazas, así como datos militares estratégicos sobre movimientos de fuerzas y operaciones conjuntas de la OTAN.

Ese flujo incluye desde inteligencia táctica para operaciones policiales, como la localización de objetivos o seguimiento de comunicaciones, hasta material altamente clasificado reservado a mandos militares y autoridades políticas, y abarca desde alertas tempranas sobre amenazas inminentes hasta evaluaciones estratégicas elaboradas por la comunidad de inteligencia estadounidense.

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Según dijo a ABC Patrick McCann, portavoz del senador Cotton, «este celebra la revisión completa de las políticas de intercambio de inteligencia con España emprendida por la directora Gabbard, y urge al Gobierno español a cambiar de rumbo y revocar el contrato del Ministerio del Interior con Huawei antes de que sea ya tarde».

El legislativo y el ejecutivo de EE.UU. han dado así al Gobierno de Sánchez hasta finales de mes para reconsiderar y, en su caso, revocar el contrato adjudicado a Huawei para el almacenamiento de esas escuchas judiciales. La decisión, justificada por el Ejecutivo español en que la oferta de la compañía china fue la más barata y que la ley obligaba a aceptarla, fue interpretada en Washington como señal de acercamiento a Pekín. En abril, Sánchez visitó la capital china para estrechar lazos en materia de ciencia, educación y cultura.

El Ministerio de Interior español no incluyó en el pliego las cláusulas que suelen impedir que Huawei se adjudique servicios con implicaciones de seguridad, pese a que sus precios bajos, favorecidos por menores costes laborales y posibles ayudas estatales del régimen chino, son bien conocidos en la Administración. Esta omisión, sumada a los vínculos legales de Huawei con el Partido Comunista, que por ley puede exigirle cualquier información en su poder, ha encendido las alarmas en la capital estadounidense.

El caso de Huawei en España se percibe en Washington como una contradicción: bajo la presión de Estados Unidos y la Unión Europea, el Gobierno español supervisó la retirada de Huawei del núcleo de sus redes 5G, con operadores como Telefónica, Orange y Vodafone sustituyendo el equipo chino por tecnología de Nokia y Ericsson.

Este veto de facto siguió la línea estadounidense y europea que considera la infraestructura central del 5G crítica para la seguridad nacional y que debe excluir a proveedores de alto riesgo. Sin embargo, al mismo tiempo, España ha autorizado ahora a Huawei a suministrar servidores de alta gama OceanStor para el almacenamiento de escuchas judiciales, un sistema que contiene información altamente sensible procedente de operaciones policiales y de inteligencia.

Esta paradoja -excluir a Huawei de las redes críticas pero confiarle la custodia de datos clasificados- ha alimentado en EE.UU. la sospecha de que Sánchez ha decidido acercarse más a Pekín, pese a años de esfuerzos coordinados en la OTAN y la UE para limitar el papel de Huawei en sistemas estratégicos occidentales.

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Según escribieron Cotton y Crawford en su misiva a Gabbard el 17 de julio, «hasta que España siga el mismo camino, el Gobierno de Estados Unidos debe asegurarse de que cualquier información compartida con el Gobierno español esté redactada para eliminar los detalles que no deban ser compartidos con el Partido Comunista Chino».