EE.UU. alerta de fallos de España en la lucha contra la trata de inmigrantes y mujeres
Un informe denuncia recortes en la asistencia, ausencia de compensación y escasa detección de víctimas entre solicitantes de asilo, menores y trabajadores precarios
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El Departamento de Estado de Estados Unidos advierte de que, aunque España cumple con los estándares mínimos en la lucha contra la trata de personas, persisten deficiencias graves que ponen en duda la eficacia de la lucha contra la trata de inmigrantes y de mujeres. ... El informe anual sobre trata de personas señala una caída en el número de investigaciones y procesamientos, serias lagunas en la identificación de víctimas —especialmente entre solicitantes de asilo, menores y ciudadanos españoles— y una excesiva dependencia de unas fuerzas policiales sobrecargadas como único canal para el reconocimiento oficial de víctimas.
El documento denuncia además recortes en la financiación destinada a la asistencia, la ausencia de recursos específicos para víctimas de trata laboral y la falta de un mecanismo de compensación que garantice reparaciones efectivas. «El Gobierno redujo significativamente la financiación para la asistencia a víctimas de trata de mujeres y niñas y no informó de haber asignado ningún fondo para víctimas de trata laboral, hombres o niños», advierte el texto, que recuerda el cierre de un albergue de emergencia. «El Gobierno no proporcionó compensación a ninguna víctima, ya que no existía un fondo del que hacerlo, y aunque se concedió restitución, pocas víctimas la recibieron de los traficantes condenados».
El informe, que mantiene a España en el denominado Nivel 1 junto a una treintena de países, identifica la migración como un factor clave de vulnerabilidad. «Persistieron lagunas en la identificación de víctimas», señala, al no haberse detectado oficialmente casos entre solicitantes de asilo pese a que ONG sí los han documentado. En 2024, de las 505 víctimas formalmente reconocidas, solo 17 eran españolas, lo que, según Washington, revela un sesgo que deja sin identificar a nacionales y menores atrapados en redes de explotación.
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El perfil de las víctimas en España combina explotación sexual y laboral. En la prostitución, la mayoría son mujeres extranjeras en situación irregular: de las más de 114.000 mujeres que ejercían en 2023, hasta 17.600 fueron identificadas como víctimas de trata. Las redes recurren a engaños sentimentales, deudas impagables o adicciones a drogas para someterlas, y cada vez más utilizan pisos privados y plataformas digitales para reclutar y controlar a las víctimas.
Mauritania, Marruecos o Senegal multiplica la exposición de los migrantes a las redes criminales
En paralelo, el aumento de llegadas por mar desde Mauritania, Marruecos o Senegal multiplica la exposición de los migrantes a las redes criminales. Los menores no acompañados continúan siendo objetivo de explotación sexual y mendicidad forzada, mientras que las mujeres refugiadas de la guerra de Ucrania figuran entre los colectivos más vulnerables. España tampoco queda al margen en la explotación laboral: trabajadores migrantes en agricultura, construcción, restauración, pesca de altura o trabajo doméstico figuran en los registros como víctimas de abusos sistemáticos y condiciones de servidumbre.
El documento subraya también la presencia de mafias transnacionales que operan con sofisticación creciente. Redes sudamericanas reclutan con ofertas de empleo ficticias a mujeres que luego quedan atrapadas en deudas, mientras grupos vietnamitas y chinos explotan a compatriotas en plantaciones de cannabis y otros sectores agrícolas, en ocasiones con cómplices españoles.
Aunque España ha reforzado la cooperación internacional y aumentado las condenas a traficantes, Washington considera que los fallos en la identificación limitan el acceso de muchas víctimas a la asistencia prevista en la ley. «La policía sigue siendo la única entidad con capacidad formal para identificar víctimas, lo que limitó el acceso de algunas a la asistencia gubernamental», recuerda el informe. Ese sistema excluye a quienes son detectados por ONG o trabajadores sociales y desincentiva denuncias, especialmente entre migrantes sin papeles que temen la deportación.
La situación de los menores migrantes preocupa especialmente. «Los menores migrantes no acompañados en Ceuta y Melilla fueron vulnerables a la trata en centros de detención de inmigración y con frecuencia desaparecieron de los centros». El informe recuerda además que en 2024 fue clausurado un centro de acogida en Canarias tras la imputación de su director por explotación laboral de menores.
El Departamento de Estado concluye que, pese a los avances judiciales, «persistieron lagunas en la identificación de víctimas». Los problemas están vinculados a la gestión migratoria y a la falta de recursos para colectivos específicos —hombres, menores y trabajadores en sectores precarizados—, lo que deja a miles de personas fuera del radar oficial y sin acceso para protección.
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