Las revelaciones ante la juez por la dejadez de la CHJ en la dana debilitan a Ribera en Europa

La exvicepresidenta del Ejecutivo, que aquellos días esquivó cuanto pudo las explicaciones públicas pese a que era también la ministra para la Transición Ecológica, no compareció en el Congreso hasta que se vio obligada por la presión del PP en el Parlamento Europeo, donde consiguió retrasar las votaciones para conformar el nuevo ejecutivo comunitario.

Ribera compareció el 20 de noviembre, casi un mes después de la catastrófica gota fría, y en aquella ocasión ofreció una versión exculpatoria del Gobierno central en la que se apuntaba, únicamente, a la tardanza de la Comunidad Valenciana en el envío de la alerta a la población. La exvicepresidenta negó un «apagón informativo» de la Confederación Hidrográfica del Júcar y dijo que este organismo envió más de un centenar de correos actualizando la situación de los caudales.

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No obstante, Bernabé reconoció ante la juez que no fue consciente de la gravedad de las riadas en Paiporta, el lugar más afectado por la dana, hasta que se lo advirtió por teléfono su alcaldesa a las 19.05. Nadie en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), tampoco la Confederación Hidrográfica del Júcar, había alertado hasta ese momento sobre el desbordamiento del barranco del Poyo. Y esto, sin avalar la gestión de Carlos Mazón, reabre el debate sobre el papel, al menos, del presidente del organismo.

Los problemas con su pasado como vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez le llegan a Ribera en el peor momento. Aunque según fuentes europeas que conocen bien el caso que se está instruyendo en busca de responsabilidades por la gestión de las inundaciones en Valencia, «por ahora no está en peligro», también admiten que «todo dependerá de cómo oriente la investigación» la juez de Catarroja que lleva el asunto.

La posibilidad de que la actual vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea se viera involucrada por sus responsabilidades en aquellos hechos ya se apuntó en el momento de su designación el año pasado.

Entonces, desde las filas del Partido Popular Europeo ya se denunció en la Eurocámara que Ribera «no solo no se hizo cargo del desastre, sino que, sin dar la cara todavía ante el Congreso español [finalmente sí compareció], mintió en este Parlamento al negar que su ministerio tuviera las competencias de los sistemas de alerta y emergencia y de preparar los cauces y todas las edificaciones en zonas inundables». La popular Dolors Montserrat ya dejó claro que la Comisión Europea «no puede ser el escondite para huir de sus responsabilidades».

Finalmente, la candidatura de Ribera fue aprobada a pesar del voto en contra de los diputados españoles del grupo popular. Y medio año después su nombre ha vuelto a aparecer con fuerza a medida que avanzan las investigaciones.

No es el mejor momento para que su posición en las instituciones europeas se vea debilitada. Como responsable de la poderosa cartera de Competencia tiene en sus manos uno de los dosieres más sensibles, heredado de la pasada legislatura, pero que desde la vuelta al poder de Donald Trump es una de las armas más poderosas de las que dispone la Comisión Europea para poder contraatacar en la guerra comercial desatada por la imposición de aranceles unilaterales por parte de Estados Unidos. Las investigaciones sobre las grandes multinacionales de internet y las posibles multas por incumplimiento de la Ley de Servicios Digitales (DSA en inglés) pasan por sus manos de una u otra forma.

Los miembros de la Comisión Europea gozan de inmunidad, pero solamente respecto a casos que afecten a los asuntos que son de su competencia. Fuera de su papel en el ejecutivo comunitario, las disposiciones legales europeas no prevén ningún tipo de aforamiento.

Peor aún, los problemas que pudiera arrastrar en este momento Ribera le pueden salpicar a la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen. En principio, el cese de un comisario europeo es prácticamente imposible según los tratados, salvo que el Parlamento Europeo vote una moción de censura contra toda la Comisión Europea. Para aislar al ejecutivo comunitario de las consecuencias judiciales que pudiera sufrir la vicepresidenta Ribera, Von der Leyen debería obligarle a dimitir, algo que en crisis anteriores se ha revelado como una acrobacia política muy arriesgada.

Precisamente por esa razón, a la hora de ratificar su candidatura para ser prácticamente la 'numero dos' de la Comisión Europea, los eurodiputados populares españoles pidieron expresamente que ella se comprometiese a dimitir si su nombre aparecía mezclado con la investigación de las responsabilidades sobre la gestión de las inundaciones en Valencia, algo a lo que finalmente se negó.