El Consejo General del Poder Judicial afronta dividido la idoneidad de García Ortiz como fiscal general del Estado

Según informa el órgano de gobierno de los jueces, la inclusión de este punto en el orden del día del Pleno ordinario de noviembre se ha producido después de que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes haya comunicado que en la reunión del Consejo de Ministros celebrada ayer se aprobó un acuerdo por el que se recaba del CGPJ la audiencia preceptiva sobre la propuesta de nombramiento.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 29.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el mandato del fiscal general del Estado puede ser renovado en el caso de que el titular hubiera ostentado el cargo durante un periodo inferior a dos años. Álvaro García Ortiz fue nombrado fiscal general del Estado por Real Decreto 675/2022, de 1 de agosto tras renunciar Dolores Delgado por motivos de salud.

No es por tanto la primera vez que García Ortiz tiene que recibir el visto bueno del Consejo, algo que para fiscales anteriores había sido poco más que un trámite pero que en su caso y en el de su antecesora no fue precisamente un camino de rosas. La declaración de idoneidad del todavía actual fiscal general en funciones salió adelante con 12 votos frente a siete, por lo que es de esperar que se produzca una división similar a la de julio del pasado año, aunque ahora serán 16 y no 19 los vocales que opinen.

Se da la circunstancia de que los siete vocales que suscribieron un demoledor voto particular contra la propuesta de García Ortiz continúan hoy en el órgano de gobierno de los jueces. Se trata de Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona. «El candidato propuesto no cumple a nuestro juicio con el requisito de la imparcialidad que la asunción de tan alta responsabilidad implica», señalaba el escrito que los siete suscribieron.

Estos vocales cuestionaron su imparcialidad tanto por su cercanía al PSOE como por el hecho de haber sido el «brazo ejecutor» de Dolores Delgado en todas las polémicas que han salpicado a la institución durante su mandato. El problema es que ahora la polémica le persigue a él en primera persona, después de que el Tribunal Supremo anulara la semana pasada su decisión de ascender a primera categoría a su ex jefa, Dolores Delgado, a la que nombró fiscal togada de la Sala Militar del Alto Tribunal en lo que el propio Supremo ha calificado de «desviación de poder».