El Consejo de Europa ve «insuficiente» la lucha del Gobierno contra la corrupción y cuestiona el aforamiento de ministros

Así figura en dos informes sobre España del Greco conocidos miércoles. El primero es el referido a la 'Quinta Ronda De Evaluación. Prevención de la corrupción y promoción de la integridad en los Gobiernos centrales (altas funciones ejecutivas) y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad'. Asimismo, el segundo es de la 'Cuarta Ronda De Evaluación Prevención de la corrupción de parlamentarios, jueces y fiscales'.

El documento de la 'Quinta Ronda' fue aprobado el 1 de diciembre de 2023, pero fue dado a conocer este martes, igual que el de la 'Cuarta Ronda', que fue aprobado el 24 de junio de 2024. La difusión este martes de estos dictámenes coincidió con la valoración del Gobierno español, que realizó el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que dirige Félix Bolaños.

Este ministerio sostuvo que en España se ha alcanzado un importante avance en la lucha contra la corrupción, al implementar, total o parcialmente, 24 de las 30 recomendaciones establecidas por el del Consejo de Europa, un 80% de cumplimiento, mientras continúa trabajando en las seis restantes.

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El departamento de Bolaños añadió que se ha renovado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que se está avanzando en la lucha contra la corrupción en las Fuerzas de Seguridad y miembros del Gobierno. Se especifica que se ha adoptado un Sistema de Integridad de la Administración General del Estado, basado en la evaluación de riesgos; un código ético; disposiciones sobre integridad y conflictos de intereses y formación o canales internos de denuncia, entre otras medidas.

Sin embargo, en el documento de la 'Quinta Ronda' del Greco se indica que «en general, la respuesta de España a las recomendaciones emitidas en el Informe de Evaluación de la Quinta Ronda ha sido insuficiente, lo que ha resultado en un nivel deficiente de implementación».

«Greco observa que España no cumple suficientemente con las recomendaciones (...)», al tiempo que se destaca que desde este organismo europeo se recomendó revisar el aforamiento de ministros «sospechosos de haber cometido delitos relacionados con la corrupción». Se destaca que sobre este aspecto no ha habido «ningún resultado tangible».

Además, este órgano dependiente del Consejo de Europa indica que recomendó «diseñar una estrategia de integridad para analizar y mitigar áreas de riesgo de intereses conflictivos y corrupción» de altos cargos, que debía ir acompañado de un «plan de acción para su implementación». El Greco añade que «esta recomendación no fue implementada en el Informe de Cumplimiento» y que no se encontró «ninguna justificación de que tales medidas también se aplicarían o se adaptarían específicamente a las personas con funciones ejecutivas superiores».

Asimismo, el informe acoge «con satisfacción» la adopción de los códigos éticos y de denuncia en la Administración central. Sin embargo, pide «más atención» sobre la actuación de los altos cargos, incluidos los «asesores políticos». Asimismo, en el informe de la 'Cuarta Ronda', el Greco insiste en la necesidad urgente de que España reforme el sistema de elección del fiscal general del Estado. Se indica que la actual relación entre la Fiscalía y el Poder Ejecutivo continúa generando preocupación pública respecto a su independencia.

Se destaca que las autoridades españolas no han informado de ningún avance en la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, de forma que se entiende que las recomendaciones que se hicieron han sido solo «parcialmente» aplicadas. Entre las principales cuestiones que se plantean, el organismo europeo insta a reconsiderar el método de elección y el periodo de mandato del fiscal general; establecer procedimientos más transparentes en la comunicación entre la Fiscalía y el Gobierno, y explorar formas de proporcionar mayor autonomía en la gestión de los recursos del Ministerio Público.

El Greco enfatiza que el nombramiento del jefe de la Fiscalía y la duración de su mandato representan una «preocupación» que afecta la percepción de autonomía del Ministerio Fiscal en España. Si bien reconoce que se han iniciado discusiones sobre posibles reformas, el organismo expresa su deseo de ver avances más concretos en la implementación de sus recomendaciones.