La Conferencia de Presidentes se convierte en un choque entre Sánchez y el PP, que le piden elecciones en vano

La cita de Barcelona comenzó con una tensa cordialidad. Un cónclave marcado por los nervios de los días previos y que desembocó en una bienvenida salpicada de momentos incómodos. Saludos fríos y reproches, como el que le hizo Isabel Díaz Ayuso a Mónica García cuando la ministra de Sanidad se lanzó a darle dos besos en lugar de estrechar su mano, como había ofrecido la presidenta de Madrid. «¿Pretendes darle un beso a una asesina?», le espetó Ayuso antes de que una persona de protocolo diera por zanjado el incidente.

Este episodio fue un aperitivo de lo que vendría después. Ya durante la recepción con el Rey, distintas personas presentes en el cónclave reconocían que la «tensión se podía cortar con un cuchillo», pero la figura de Felipe VI hizo que reinara el respeto institucional. Tregua que finalizó con la marcha del Monarca y el inicio de la reunión, que fue cuando Ayuso volvió a convertirse en protagonista involuntaria. La intervención en vasco del lendakari hizo que la presidenta de Madrid se levantara y saliera de la sala. Palabra cumplida. Ayuso justificó su abandono momentáneo diciendo que «la manobra del pinganillo» -impuesto por Sánchez para dar gusto al País Vasco y Cataluña- era una estrategia «para hacernos sentir extranjeros en nuestra propia casa» y su gesto marcó el resto de la reunión.

Casi todos los presidentes se refirieron de una u otra forma al asunto lingüístico. Empezando por el propio Imanol Pradales, que solo rompió su discurso en euskera para pedir respeto a su lengua al resto de presidentes. El ejecutivo vasco calificó de «falta de respeto intolerable» el gesto de Ayuso, del que Sánchez no se hizo eco. Sí lo hizo sobre la situación general de tensión, en una intervención inicial en la que aseguró que estaba «deseando» escuchar las propuestas de los líderes autonómicos, a los que pidió abordarlas «con honestidad y espíritu constructivo». Eso sí, enseguida les advirtió que la Conferencia de Presidentes «no puede tomar decisiones, salvo si se obtiene el apoyo unánime de las comunidades y el presidente del Gobierno», señaló refiriéndose a él mismo en tercera persona. «Por eso, o dejamos la crispación en el perchero o este encuentro servirá para muy poco. Lo cual sería una pena», concluyó.

Unas palabras que anticipaban el fracaso de la reunión, como así ocurrió. Después de cuatro horas largas de discursos medidos -diez minutos por presidente autonómico, además del de la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias-, Sánchez concluyó que no habría acuerdos ni recomendaciones porque el Gobierno las vetaba. Uno de los barones del PP presentes le preguntó si no le valían «ninguna de las propuestas de las comunidades del PP», a lo que el presidente respondió que «en efecto», era así.

El estupor entre los presentes afloró la sensación previa con la que muchos habían viajado a Barcelona. Desplazamiento estéril que solo sirvió para «cantarle las cuarenta en persona al presidente». Aunque cada uno de los barones utilizó su discurso de una manera, centrándolo en las cuestiones que más afectan a su territorio, hubo un nexo común entre todos ellos, que coincidieron al pedir elecciones anticipadas ante la parálisis del país por los problemas externos que afectan al Gobierno.

Las críticas a su gestión no solo las tuvo que escuchar Sánchez por parte de los presidentes del PP. El habitualmente díscolo dentro del PSOE Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, quien precisamente esta semana había reclamado al presidente convocar elecciones anticipadas, ante la sacudida para el partido del 'caso Leire Díez, se pronunció sobre la financiación autonómica, denunciando que el Gobierno central esté «haciendo caja» dado que acumula más ingresos que las comunidades autónomas.

El líder de los socialistas de Castilla-La Mancha, que a la entrada tuvo un saludo afectuoso con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, denunció una vez más el sistema de cupo catalán que el PSC comprometió el año pasado con ERC para la investidura en Cataluña, y pidió que el sistema se negocie entre todos, con una fecha concreta y una propuesta y sin privilegios ni singularidades.