Las condiciones de Yolanda Díaz a Pedro Sánchez: congelar los alquileres y reducir la jornada laboral

El partido de Ione Belarra no renuncia a estar en el gobierno, exigiendo la continuidad de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, ni a lograr el compromiso de Sánchez a sus políticas más ideológicas. Pero la vicepresidenta segunda en funciones y ministra de Trabajo tiene marcadas sus prioridades y trata con displicencia los planteamientos de Belarra.

La reducción de la jornada laboral sin mermar el salario y las ayudas a la vivienda, tanto en hipotecas como en alquileres, serán los dos caballos de batalla de Díaz, según trasladan estos días desde su entorno.

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Susana Alcelay

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En su programa, Sumar se compromete a aplicar por ley en 2024 una jornada laboral máxima de 37,5 horas (la actual es de 40) y «abrir un proceso de diálogo social» con patronal y sindicatos para alcanzar las 32 semanales. En calidad de ministra de Trabajo, Díaz ya se ha comprometido durante su mandato a una reforma laboral en este sentido. Y, de hecho, es una de las banderas de Sumar debido al impulso que le dio Más País, el partido de Íñigo Errejón, integrado en la coalición.

Esta reflexión no es ajena al PSOE y desde Sumar consideran que puede ser un punto de consenso programático porque ya en 2021 Errejón alcanzó un acuerdo con el Gobierno para incluir en los Presupuestos Generales de 2022 un plan de ensayo que planteaba la semana laboral de 32 horas o de cuatro días. El Ministerio de Industria incentivó con hasta 150.000 euros a pymes que implantaran el horario sin reducir el sueldo con este proyecto.

Las ayudas a la vivienda son otro elemento sobre la mesa de negociación, si bien esto genera mayores reticencias en el PSOE. Sumar plantea aquí tres frentes para ampliar la ley de Vivienda aprobada en primavera. En primer lugar, «establecer unos precios de referencia para las zonas tensionadas equivalentes al 30 por ciento de la renta de los hogares que alquilan» y «eliminar las deducciones fiscales en el IRPF de los alquileres que se sitúen por encima del precio de referencia», además de un recargo en el impuesto de sociedades para las empresas que alquilen por encima de estos índices.

Luego, construir un parque público de dos millones de viviendas de alquiler asequible en diez años, utilizando viviendas vacías o construirlas y destinando un 1 por ciento del PIB de media. Y también establecer de forma obligatoria la portabilidad de hipotecas.

Fuentes de Sumar explican que hasta este momento el PSOE no ha mostrado una voluntad real de negociación. María Jesús Montero (vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda en funciones) y Nacho Álvarez (portavoz económico de Sumar, secretario de Estado de Derechos Sociales y secretario económico de Podemos) volverán a encontrarse estos días, aunque fuentes oficiales rechazan dar pistas del carácter de sus encuentros y se recalca que el reparto de sillones no es prioritario. Pero de vez en cuando, una de las partes emite alguna señal que condiciona el ambiente.

El PSOE se niega a soltar la cartera de Igualdad después de las polémicas y desgaste que supuso entregárselo a Podemos. Igualdad ha sido la materia que más y mayores crisis ha provocado en la coalición. Y además el sector feminista del PSOE siempre ha reclamado que fue un error conceder al socio de coalición un area tan identitaria de sus políticas.

Fuentes de Podemos reprochan que mantener ese departamento no sea una de las prioridades de Yolanda Díaz, que hace unas semanas, en Catalunya Radio, ya avisó de que depende de Sánchez y no de ella su continuidad: «No sé si voy a ser ministra yo…», respondió evitando la pregunta.

En los mentideros socialistas se traslada que Sánchez aspira a abandonar el organigrama de 22 ministerios que provocó la división de carteras y el elevar secretarías de Estado a rango ministerial. En los círculos de Sumar se plantea la posibilidad de que Díaz logre más competencias aunque eso suponga disminuir el número de ministerios. Precisamente, este es un aspecto que crítica Podemos, que considera que Sumar se limitará a ser una «comparsa» del socialismo y no empujará para «avanzar en derechos sociales».