Ximo Puig se enfrenta a Pedro Sánchez por el doble agravio a los regantes del Tajo-Segura

Una situación «absolutamente inaceptable», en palabras del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que cargó ayer contra el «cambio de posición» del Ministerio de Transición Ecológica en la redacción final del Real Decreto que afecta a diversos planes hidrológicos, pese a que «se llegó a un acuerdo que era razonable» el pasado 29 de noviembre en el Consejo Nacional del Agua. Un órgano cuyas decisiones, sin embargo, no son vinculantes.

El proyecto normativo eleva de seis a siete metros cúbicos por segundo el caudal ecológico del Tajo a su paso por Aranjuez, pero incluía un punto –la disposición adicional novena– que dejaba en suspenso hasta 2025 los otros dos incrementos programados, que llegan a los 8,6 metros cúbicos. En ese momento, se revisaría si tras acometer las obras de modernización y las mejoras en la depuración de aguas vertidas desde Madrid se habían cumplido los objetivos ambientales y el buen estado del río hacía innecesaria la subida estipulada. Ahora, esa cláusula ha desaparecido del texto que han recibido todas las regiones y que está a la espera del dictamen del Consejo de Estado antes de que el Consejo de Ministros lo apruebe definitivamente. El pulso, de momento, lo ha ganado otro barón socialista, el presidente de Castilla- La Mancha, Emiliano García-Page, que se opuso frontalmente a esta medida y llegó a amenazar con llevar al Gobierno al Tribunal Supremo. El resultado: el caudal desviado al riego de la huerta de Europa –Alicante, Murcia y Almería– se recortará en alrededor de cien hectómetros cúbicos anuales.

Ximo Puig ha remitido una carta a la presidenta de este órgano consultivo, Magdalena Valerio, solicitándole que le conceda audiencia para conocer «de primera mano» la redacción final del decreto y ha anunciado que presentará alegaciones. El Ejecutivo valenciano -que se abstuvo en la votación del Plan de la Cuenca del Tajo en noviembre ante los recelos que ya suscitaba- ha dejado claro que esta cláusula es «esencial», por lo que cualquier modificación o supresión que figure en ese último borrador «encontrará el más firme rechazo por parte del Consell».

«En caso de incumplimiento, la Generalitat emprenderá todas las acciones que estén a su alcance para defender la continuidad del trasvase Tajo-Segura y apoyar así las justas demandas de los regantes alicantinos», apuntaba ayer un comunicado remitido a los medios. «No tiene nada que ver con ningún tipo de patrioterismo del agua ni enfrentamiento del agua. Se trata de hacer las cosas racionalmente», incidió Puig en un claro dardo contra Page, «sin atentar frente a ningún derecho de nadie».

Pero no es el único agravio al que se enfrentan los agricultores de la zona en la actual coyuntura económica. Puig también expresó este martes su «rechazo frontal» a la decisión de la empresa pública Acuamed –y por tanto del Ministerio– de no prorrogar la subvención estatal al agua de la desalinizadora de Torrevieja en 2023 tras vencer el plazo de un año estipulado en el decreto de sequía. De los 0,45 euros que venían pagando los regantes, ahora el metro cúbico ha pasado a costar el triple: 1,40 euros. Un movimiento del departamento que dirige Teresa Ribera que choca con su planteamiento de la desalación como alternativa a los trasvases para compensar la falta de agua.

«Va en dirección contraria a lo que es un planteamiento de transición que facilite agua para siempre», lamentó Puig. «Exigimos una rectificación» y «que se ayude a los agricultores para poder mantener sus explotaciones», estabilizando el precio del agua y facilitando que «los miles de puestos de trabajo se puedan mantener», señaló el presidente autonómico, al que su propio partido pone en un brete a menos de medio año de las elecciones autonómicas.

En peligro, según los propios afectados, están 15.000 empleos y 27.000 hectáreas de cultivo en la cuenca del Segura, además de una subida del recibo del agua en Alicante, Almería y Murcia. «Llevamos años advirtiendo de que todo esto responde a motivaciones políticas y el tiempo nos ha dado la razón. Hemos asistido a un espectáculo bochornoso por parte de los socialistas. Han sido capaces de abrir una guerra intestina en el partido dentro de la habitual guerra del agua», lamenta a ABC el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez.

«Ha habido una negociación política con un acuerdo que airearon a los cuatro vientos los líderes regionales del PSOE valenciano y murciano» hasta que «Page dio una patada en el tablero», añade. Sobre las posibles acciones que podría emprender la Generalitat, Jiménez subraya que de Ximo Puig esperaban «músculo político». «De los tribunales nos encargaremos nosotros. Cuando llegue el momento de los recursos, tenemos informes técnicos y de arsenal jurídico. Iremos hasta las últimas consecuencias», sentencia.

Los regantes de los tres territorios afectados por el recorte trasladarán sus reivindicaciones el próximo 11 de enero a las calles de Madrid, en una concentración que se prevé multitudinaria a las puertas del Ministerio de Transición Ecológica. Precisamente, preguntado por esta convocatoria, el consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, invitó ayer a los manifestantes a acercarse hasta la provincia de Guadalajara o la de Toledo para que vean el estado en el que se encuentra. «No nos oponemos a que haya derivaciones para consumo humano pero no vamos a permitir que el río Tajo siga perdiendo agua en su cabecera para de una manera artificial estar regando lo que creo que ha sido un error permitido durante muchos años», aseveró.

· Un acuerdo entre socialistas sin efecto

Los afectados por el recorte vieron con buenos ojos la cláusula que reducía solo en un 20% la cantidad de agua transferida a Alicante, Murcia y Almería tras el acuerdo alcanzado por los socialistas valencianos y murcianos.

· Page gana el pulso a Puig

Pocas horas después de conocerse el pacto, el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page abre la caja de pandora y amenaza al Gobierno de Sánchez con votar en contra del Plan de la Cuenca del Tajo y acudir al Tribunal Supremo.

· El texto final no contempla la cláusula

En el Senado, el secretario de Estado de Medio Ambiente ya confirmó que era «imposible dar marcha atrás» pese a lo acordado en el Consejo del Agua y así se ha confirmado cuando las autonomías han recibido el último borrador.

· Protesta masiva el 11 de enero en Madrid

Los regantes de la huerta de Europa se manifestarán la semana que viene contra el Ejecutivo central ante una decisión que, alertan, pone en jaque alrededor de 15.000 puestos de trabajo en tres territorios españoles.