En cambio, en el sureste peninsular no tienen esa suerte, sino más bien al contrario, porque los planes del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico apuntan a seguir recortando el trasvase Tajo-Segura (ya lo ha hecho en una veintena de ocasiones durante el mandato de Teresa Ribera), con una merma a la mitad a partir de 2027.
Además, no se debe a escasez en la cuenca cedente, puesto que los últimos datos oficiales difundidos en embalses.net y en un comunicado ministerial reflejan que los dos pantanos que abastecen el acueducto -Buendía y Entrepeñas- vuelven a recargarse y llevan meses en niveles récord.
En estos momentos, casi triplican el umbral mínimo para transferencias, con 1.171 hectómetros cúbicos y en los últimos siete días han ganado 18, lo que representa dos terceras partes (66%) del volumen que se envía al Segura para todo el mes. De hecho, esa cantidad de agua habitualmente autorizada por los técnicos se ha visto reducida en su máximo desde 38 a 27 desde 2021.
La única similitud entre las medidas proyectadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para Cataluña y la Comunidad Valenciana (junto con Murcia y Almería) en materia hídrica ha sido apostar por la desalación, si bien no iba a tener el mismo uso -doméstico y urbano en Barcelona, frente al agrario en el sur- y, en consecuencia, sin los mismos beneficios.
Este tipo de caudal debe mezclarse con otros para no perjudicar los cultivos y además tiene un precio sensiblemente superior para los regantes, tal como han objetado en numerosas ocasiones sus portavoces agrarios del Scrats.
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