La menor abusada por el exmarido de Mónica Oltra llegó al juicio esposada porque nadie avisó de que era la víctima

En la causa están imputadas dieciséis personas, entre ellas, la exvicepresidenta de la Generalitat y máxima responsable de este departamento autonómico hasta su dimisión en junio.

La víctima solicitó al titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia que aclarara el motivo por el que fue llevada esposada a la Ciudad de la Justicia de Valencia el 7 de noviembre de 2019, cuando se celebró la primera vista oral, que tuvo que repetirse meses después -ya sin el testimonio de la joven- porque no se había incluido un expediente de Igualdad que exculpaba al acusado.

La magistrada de la Audiencia de Valencia que presidió el juicio señaló días después en un escrito que, momentos antes de iniciarse la vista, la entonces menor de 17 «se encontraba sentada, llorando y engrilletada» en una sala contigua, por lo que pidió a una agente que la acompañaba -junto a una educadora y una abogada- que «le quitara las esposas inmediatamente», al tratarse de «una presunta víctima menor de edad», que estaba «alterada y nerviosa».

Según la juez, la funcionaria policial le respondió que cumpliría la orden, bajo su responsabilidad, cuando entrara en la sala de vistas y le remitió a su superior. Tras intentarlo de nuevo sin éxito, la juez explicó en su informe que optó por «priorizar al celebración del juicio para que la situación de temor y angustia de la menor terminase de la forma más rápida posible». «Solo en el momento anterior a sentarse tras el paraban que impedía la confrontación visual con el acusado, se le quitaron las esposas», apuntó.

Tras el juicio, el subinspector expresó a la magistrada «su desconocimiento sobre la situación de la menor trasladada, la falta de total de información por parte del centro de menores, así como que, al parecer, la misma estaba cumpliendo allí algún tipo de medida sancionadora, de lo que hasta el momento no se había informado al tribunal, pese a los numerosos requerimiento realizados con anterioridad al juicio que se había suspendido en tres ocasiones con escasa o nula colaboración por parte del centro de menores».

En respuesta a ese escrito de la juez, tanto el comisario jefe como el inspector del Grupo de Menores de la Policía Nacional en la Comunidad Valenciana realizaron sendos informes -remitidos al Tribunal Superior de Justicia- en los que refrendaron que los agentes «no disponían de ninguna información sobre el motivo por el que realizaban el traslado de la menor» y se limitaron a aplicar el protocolo.

Los policías de paisano que realizaron el traslado, al llegar al centro de cumplimiento de medias judiciales, donde la chica había sido ingresada por estar implicada en un delito de atentado y tres delitos leves de lesiones, «fueron advertidos sobre el riesgo de fuga existente en base al reiterado comportamiento anterior de la menor -había estado fugada cuatro meses- y al haber expresado directamente la misma a los educadores su intención de volver a escaparse a la menor oportunidad».

«La menor fue esposada -durante los trayectos- con las manos por delante, para evitar cualquier tipo de lesión», subraya el comisario jefe de la Policía Nacional en su escrito, al tiempo que incide en que sus subordinados «actuaron con total profesionalidad, velando por la dignidad y derechos de la menor, en el marco de la legalidad y a tenor de lo establecido por la normativa específica en materia de protección de menores».

La investigación judicial sigue su curso. Vox, que ejerce una de las acusaciones populares en la causa, ha reclamado que se incorporen a la instrucción las llamadas que intercambiaron Mónica Oltra y su exmarido Luís Ramírez Icardi cuando, según ha mantenido siempre ella, tuvo conocimiento de lo ocurrido por una notificación judicial que llegó a su casa en agosto de 2017. También piden que se incorporen las comunicaciones telefónicas con su entonces jefe de gabinete, Miquel Real.

El titular de Instrucción número 15, de momento, solo ha ordenado a la Policía Judicial que compruebe los números de teléfono asignados por la Generalitat a estos imputados en ese periodo clave y si la compañía telefónica todavía guarda esas llamadas o mensajes en sus sistemas, al haber transcurrido ya más de un lustro.