El juez ordena intervenir los correos electrónicos de Mónica Oltra y el resto de imputados

En un auto fechado el 25 de octubre al que ha tenido acceso ABC, el juez abre una pieza separada secreta en la que se recogerán las comunicaciones de, entre otros, la propia exvicepresidenta autonómica o la actual directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero.

Para evitar que las diligencias «puedan convertirse en prospectivas y que resulten necesarias y no desproporcionadas a los fines de la investigación», como incidieron las defensas de los imputados, el magistrado se suma a lo expuesto por el fiscal y considera que la intervención de los correos debe limitarse a tres criterios para cumplir con la Ley de Enjuiciamiento Criminal sin lesionar o poner en peligro injustificadamente la intimidad o el secreto de las comunicaciones de nadie.

Uno de ellos es el temporal. Es decir, los emails que los investigados se cruzaron en las fechas en las que se habrían producido los hechos que se investigan: desde el 20 de febrero hasta el 23 de marzo de 2017 y desde el 5 de julio hasta el 1 de diciembre del mismo año. Dos periodos clave en el caso.

El primero contempla desde que la entonces niña de 14 años relató por primera vez los abusos hasta que el monitor -Luis Ramírez Icardi, condenado a cinco años de cárcel, a la espera del recurso en el Tribunal Supremo- regresó a su puesto de trabajo en el centro Niño Jesús de Valencia, al no darse credibilidad al testimonio de la víctima.

En el segundo, la Fiscalía ya conocía los presuntos abusos después de que la menor contara lo sucedido a dos policía nacionales. A partir de ahí, un juez dictó una orden de alejamiento, Mónica Oltra conoció los hechos por su condición personal -según ratificó en sede judicial- y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas abrió un expediente que el instructor cree que buscaba desacreditar a la joven.

En ese sentido, para acotar más la avalancha de información que pudiera derivarse de ellas, «dentro de cada periodo temporal, debe limitarse la pesquisa a aquellas comunicaciones por la vía dicha entre las personas que, en cada uno de ellos aparezcan como actuantes en relación con los hechos investigados».

El otro factor que debe tomarse en cuenta es el material: «Los correos a unir eventualmente habrían de ser única y exclusivamente aquellos que hagan explícita referencia a los hechos denunciados».

El magistrado acuerda que estas diligencias se lleven a cabo en un periodo máximo de treinta días «que únicamente podrían ser prorrogables si justificadamente no pudiera atenderse en dicho plazo el cumplimiento de lo ordenado». Asimismo, traslada el asunto al Jefe Superior de Policía de Valencia para que estime el grupo de la Policía Judicial más oportuno para intervenir estas comunicaciones atendiendo a su capacidad técnica.

Esta decisión judicial estima parcialmente la petición realizada en junio -y reformulada posteriormente- por una de las acusaciones populares, la de la asociación de Cristina Seguí. A ese escrito se adhirieron Vox, que también ejerce la acción popular, y la propia víctima de los abusos, defendida por el letrado y líder de España 2000 José Luis Roberto. Contra la resolución del juez Vicente Ríos las partes pueden presentar recurso de apelación en un plazo de cinco días.