Mónica Oltra insiste al juez: la pinza de Cristina Seguí y Vox solo busca apartarla de la política

El procedimiento investiga la gestión que hizo la Conselleria de Igualdad en 2017 de los abusos a una menor tutelada por parte del exmarido de la que era su máxima responsable hasta que dimitió tras ser imputada el pasado mes de junio.

El instructor Vicente Ríos, con el beneplácito del fiscal, descartó las pretensiones de la dirigente de Compromís argumentando que el derecho de la defensa y a la asistencia letrada está por encima del derecho a que los procesos no sufran dilaciones indebidas por un exceso de partes. Una dilaciones que, en este caso, «no podrían, en su actual estado, proceder nunca de las acusaciones y, menos aún, de las populares pues son solamente dos frente a, por el momento, dieciséis defensas», señaló Ríos.

El procedimiento se derivó a Instrucción 15 al presentar la víctima -defendida por el líder de España 2000, José Luis Roberto- una denuncia por la supuesta desprotección que sufrió tras revelar los abusos, y se sumó a una querella interpuesta en otro juzgado con idéntica motivación por Gobierna-te. A esta entidad se sumó más tarde, en la acción popular, la propia formación de extrema derecha.

En un escrito al que ha tenido acceso ABC, los letrados de la exportavoz del Gobierno de Ximo Puig mantiene que las acusaciones de Seguí y la Vox «simplemente son las mismas» y critican la «utilización fraudulenta» de la acción popular en un proceso penal.

«Después de más de un año de instrucción, y perfectamente sabedores que no existe irregularidad alguna respecto al fondo del asunto, el interés de ambas acusaciones es el mantenimiento abierto del proceso con la reiteración de diligencias de naturaleza prospectiva o inútiles, donde explicando relatos imaginarios y extrayendo de ellos conjeturas y elucubraciones en las que sustentar diligencias, instan el alargamiento de la instrucción. Ni que decir tiene que, extraprocesalmente no guardan ningún rubor en dejar claras sus intenciones», detalla la defensa.

Para demostrarlo vuelven a incorporar al recurso un tuit de Cristina Seguí en el que se muestra «orgullosa de haber puesto fin» a las aspiraciones políticas de Oltra, «apartando a esta gente peligrosa de la vida pública». El mensaje fue publicado en su perfil de la conocida red social tras prorrogar el juez la instrucción medio año más, hasta abril de 2023, un mes antes de las elecciones autonómicas.

Con ello, inciden, se vulneraría el «principio de buen fe», uno de los requisitos que hay que tener en cuenta respecto al ejercicio de la acción popular. «Aunque es notorio, consideramos necesario significar que Gobierna-te creada como asociación, no es más que el instrumento procesal del que se vale una persona llamada Cristina Seguí para acometer, por cuestiones políticas e ideológicas a nuestra defendida. Y que la misma, es una de las fundadoras del partido político Vox en Valencia, destacando con ello la singular manera de desdoblar una misma acusación popular. Por un lado comparece la fundadora de Vox en Valencia, camuflada con una asociación y por otro lado el partido político Vox», esgrimen los representantes de Oltra en el recurso.

En paralelo, la Policía Judicial se personó el pasado viernes en la dirección general de Tecnologías de la Información de la Generalitat Valenciana, por orden del juez, para recopilar los correos electrónicos oficiales que intercambiaron catorce de los investigados en relación a la denuncia y el expediente de la víctima.

La menor, que entonces tenía 14 años, residía en el centro Niño Jesús de Valencia, donde trabajaba su agresor. Luis Ramírez Icardi fue condenado a cinco años de prisión y está a la espera de que se resuelva su recurso ante el Tribunal Supremo.

En concreto, se van a incorporar a una pieza separada secreta -a la que solo tendrán acceso el juez y el fiscal- las comunicaciones comprendidas en dos periodos significativos para las actuales diligencias: del 20 de febrero al 23 de marzo y del 5 de julio al 1 de diciembre de 2017.