Mazón activa su plan de ajuste sin recortes sociales para evitar más impagos tras el bloqueo del FLA

Por primera vez en 13 años, a 7 de julio, el Ejecutivo central no ha trasferido los alrededor de 1.900 millones de euros -de un total de 2.500 que deberían llegar hasta diciembre- que sirven para cubrir las desviaciones de déficit por la infrafinanciación que sufre la Comunidad Valenciana, consecuencia directa de un modelo caducado desde 2014. A ello hay que sumar la factura de la dana. La deuda comercial de la región era de 1.767 millones a 30 de abril.

Con las farmacias en pie de guerra por el impago del mes de mayo y sin noticias del Ministerio de Hacienda que lidera María Jesús Montero en el corto plazo, la Generalitat ha realizado una revisión exhaustiva de los desembolsos en cada uno de sus departamentos.

Mazón confirmó este lunes que la reunión semanal del Consell servirá para empezar a adoptar medidas concretas. «Parece algo técnico, pero es la liquidez, son los recursos económicos necesarios para poder seguir pagando en términos razonables», afirmó, al tiempo que cargó contra el Gobierno de España por haberse «negado a ponerlo en marcha».

«Nuestro enemigo es el gasto superfluo, no el gasto de otro tipo. Porque queremos seguir eliminando gasto superfluo para priorizar el que no se toca, que es el gasto social», subrayó.

La Conselleria de Hacienda está «recabando y ultimando las propuestas de las distintas consellerias» en el marco de un trabajo «rápido y urgente que se está haciendo, pero que forma parte del conocimiento de dos años de la experiencia que tenemos de seguir atornillando el gasto superfluo».

A su juicio, es «un ejercicio muy sano que deberían hacer todas las administraciones todos los días». «Ya hemos visto en qué se gastan el dinero otras administraciones y otros partidos políticos. Nosotros estamos en los derechos sociales», agregó.

Como ya informó ABC hace dos semanas, estas medidas extraordinarias pasan por «racionalizar y rentabilizar» el patrimonio de la Administración autonómica -alquilando o vendiendo edificios de su propiedad, por ejemplo- o por evitar duplicidades en el conjunto de organismos del sector público instrumental.

También se va a poner el foco en las subvenciones, en el ahorro de costes vinculado con la digitalización y en el personal de la Administración. En concreto, en la «lucha contra el absentismo laboral» y al «control horario».

Para «constatar avances en mejora de gestión, controlar desviaciones y garantizar eficiencia en la ejecución» se va a activar un comité permanente de seguimiento, formado por Hacienda y aquellos departamentos con mayor peso presupuestario, como Sanidad o Educación.

Ante las acusaciones de «asfixia económica» por parte de la Generalitat, los socialistas acusan a Mazón de hacer una gestión «nefasta» -en palabras de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé- y aluden a que se han priorizado las entregas a cuenta -casi mil millones- que seguían bloqueadas desde que el decreto 'omnibús' fue rechazado a principios de año en el Congreso de los Diputados.

La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, ha aludido también en varias ocasiones a los «regalos fiscales» realizados por el Ejecutivo valenciano como causa de los problemas de las cuentas autonómicas.