La juez de la dana rechaza ampliar la responsabilidad a Moncloa y se centra en la de la Generalitat

Así se pronuncia la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja en respuesta a la petición realizada por una de las acusaciones populares, la asociación Liberum, que pidió que se averiguara si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó el Consejo de Seguridad Nacional aquella trágica jornada. De acuerdo con los argumentos de la instructora para denegar esas pruebas, la solicitud «queda extramuros» de la causa y supone analizar la actuación del Gobierno de la Nación en materia de Seguridad Nacional, lo que carece de nexo causal alguno con los fallecimientos y las lesiones producidos el 29 de octubre». Ella misma asegura que «carece de competencia» para realizar un análisis al respecto.

Sobre la no declaración de la emergencia nacional, a la que han aludido algunas de las partes en el procedimiento y que hubiera dejado la crisis en manos de Moncloa, la instructora sostiene de nuevo que «existió consenso» entre el Gobierno y la Generalitat en que «no procedía» ni el 29 de octubre ni en los días posteriores. Incide, además, en que tampoco «era precisa para alertar a la población y que se adoptaran medidas de autoprotección».

«En cualquier caso, el desplazamiento de responsabilidad al Gobierno central por la no declaración de emergencia nacional, no es sino un reconocimiento explícito de la manifiesta pasividad de la Administración autonómica, administración que no supo alertar, ni en tiempo ni acertadamente, a la población, con el resultado mortal conocido y que exigiría, siguiendo dicha tesis exculpatoria, que se le arrebatara el mando de la emergencia».

Este nuevo auto, fechado este miércoles, fue dictado tras producirse tres declaraciones clave para el procedimiento: la de los imputados que descargaron la responsabilidad en subordinados –la exconsellera Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso– y la de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, que compareció durante casi siete horas como testigo.

De hecho, el escrito tiene referencias veladas a ellas: «La incapacidad en la toma de decisiones (se ha alegado falta de experiencia, falta de conocimiento de la situación y se delegó la responsabilidad en los técnicos entre otros elementos exculpatorios) no puede suponer la búsqueda reiterada de una normativa alternativa a la realmente aplicable». Tampoco se puede pretender, añade la magistrada, justificar esa incapacidad atribuyendo reiteradamente responsabilidades «a quien comparece como testigo», ni someterle «a una ordalía de preguntas propias de un investigado».

Pese a la intención de la juez de centrar el foco en la Generalitat Valenciana, varias acusaciones le han pedido que cite al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, a declarar como testigo, lo que le obligaría a decir la verdad. Otras, incluso, han reclamado su imputación junto a la de Pilar Bernabé. Ayer la defensa de Argüeso remitió un escrito al juzgado en el que reclamaba que se cite como investigado a Polo o al jefe de bomberos responsable de los efectivos que vigilaban los barrancos y fueron retirados.

En sus comparecencias judiciales, Pradas, Argüeso y Bernabé coincidieron en que nadie advirtió en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del brutal incremento de caudal en el barranco del Poyo. El desbordamiento de esta rambla a su paso por los municipios de la zona cero provocó la mayor parte de las muertes.

El organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica remitió datos cada cinco minutos y un correo a la Generalitat a las 18.43 horas advirtiéndolo, pero ni su presidente ni los miembros que seguían telemáticamente ese encuentro –con los ojos puestos en la posible rotura de la presa de Forata– dijeron nada al respecto.

La juez rechazó en marzo imputar a Polo –lo mismo ocurrió con la delegada del Gobierno– al no encontrar indicios para hacerlo. Eso provocó que una de las acusaciones particulares que lo había solicitado y que representa a más de un centenar de afectados, la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud, recurriera la decisión. La Audiencia Provincial de Valencia todavía no se ha pronunciado al respecto.

Por otro lado, el juzgado ha pospuesto las declaraciones como testigos de dos técnicos que ejecutaron el envío del mensaje del Es-Alert, previstas inicialmente para el próximo 29 de abril, a los días 6 y 15 de mayo, respectivamente, a las 9.30 horas