Medio Ambiente puso a disposición de Emergencias agentes para vigilar barrancos y cauces a las 11.54 horas del 29-O

El responsable explica que el 29-O, a las 11.30 horas, remitió una nota interna a los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de Alicante, Castellón y Valencia en el que se establecía una instrucción sobre las actuaciones que habían de efectuar u omitir los agentes medioambientales y, concretamente, en las zonas donde se había establecido la preemergencia de color naranja o superior.

Allí, se instó a que los agentes que estuvieran de turno no realizaran su trabajo en el medio natural y, en caso que las condiciones lo permitieran, se conminó a dichos agentes a que acudieran a la oficina de demarcación. En caso de que las condiciones no permitieran acceder a las oficinas procedieran a realizar su trabajo en instalaciones seguras, como oficinas de parques, ayuntamientos o desde su domicilio, «con la obligación en todo caso de que dichos agentes avisaran al jefe de comarca de su ubicación».

También se advertía que los desplazamientos debían ser todos por carreteras primando en todo caso la seguridad personal y los trabajos de asistencia a los ayuntamientos, autoformación y redacción de informes. En la instrucción se matizaba que en las zonas donde la alerta decretada fuese amarilla los agentes tenían que realizar trabajos de evaluación, situación y así como aquellos compatibles con la situación climática y en todo caso dichos trabajos debían ser supervisados por los jefes de comarca.

El director general señala que, «a mayor abundamiento y como consecuencia del Plan Especial Frente al Riesgo de Inundaciones aprobado y revisado el 15 de Julio de 2021», en la nota informó a los servicios territoriales que los agentes medioambientales «forman parte del Plan Especial de Inundaciones y como consecuencia de ello, tienen encomendada (a la par que otros organismos) el seguimiento de caudales en ríos, barrancos, sistemas de regulación y zonas inundables».

Precisaba la nota que estas funciones habrían de ser realizadas a instancias y de forma coordinada con el 112 CV a través de la propia Dirección General que dirige Gomis a través de la Subdirección General de Protección Animal, Agentes Medioambientales y Coordinación. «Toda la instrucción tenía una vigencia acotada a la duración del Plan de Emergencia activado por fenómenos meteorológicos de la Agencia de Seguridad y Emergencias del Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Comunidad Valenciana», detalla.

Posteriormente, a las 11.54 horas del día de la dana, este cargo de Medio Ambiente remitió al director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias una comunicación interna mediante la cual se daba traslado en relación a la colaboración del plan de Inundaciones de los agentes medioambientales informando de la encomienda que el Plan Especial Frente Riesgos Inundaciones de la Generalitat les atribuye.

Igualmente, se aludía a la instrucción que minutos antes se había remitido desde la Dirección General a los jefes de Servicio de Medioambiente informando que la Dirección General del Medio Natural y Animal quedaba a disposición de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias a través de la mencionada subdirección. Tras estas dos comunicaciones, «no consta en esta Dirección ninguna otra actuación en relación a lo requerido por su Ilustrísima Señoría», concluye Gomis, que adjunta al informe copias de las notas.

Por su parte, la Generalitat Valenciana ha afirmado que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) dispone de agentes medioambientales que «tienen encomendada la labor de ejercer las funciones de policía de aguas y vigilar el cauce los barrancos». Fuentes del Ejecutivo autonómico han señalado que el artículo 94 de la Ley de Aguas «deja claro que la vigilancia de elementos del dominio público hidráulico, zonas de servidumbre y perímetros de protección, se ejercerá por la Administración hidráulica competente».

Apuntan que, entre sus funciones, destacan «la inspección y control del dominio público hidráulico, así como la realización de aforos, información sobre crecidas y control de la calidad de las aguas», y han agregado que «siendo, en todo caso, que en el ejercicio de su función los Agentes Medioambientales destinados en las comisarías de aguas de los Organismos de cuenca tienen el carácter de autoridad pública y están facultados para, entre otros, realizar mediciones, obtener fotografías, vídeos, grabación de imágenes».

Advierten también que la CHJ «admitió en redes sociales que movilizó a sus agentes medioambientales» y añaden que la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, «afirmó el 29 de octubre que iban a 'estar atentos a las zonas afectadas por avenidas' y que 'la Confederación del Júcar tiene monitorizados absolutamente todos los espacios'».

En este contexto, las mismas fuentes han lamentado que «la realidad fue que ni la Delegación del Gobierno, responsable de todas las agencias estatales implicadas en la gestión de la emergencia, ni la CHJ, a través de sus agentes, monitorizaron lo que dijeron que iban a monitorizar». «Prueba de ello es que el barranco del Poyo acumuló un caudal equivalente a cuatro veces el caudal del Ebro y ni se enteraron, ni alertaron, ni avisaron del desbordamiento de esta rambla, que es la que causó la mayor parte de las muertes el pasado 29 de octubre», han concluido.