Una acusación pide imputar a Bernabé por la dana: «Excluir a una de las Administraciones hace flaco favor a las víctimas»

Así se desprende del escrito que ha presentado la asociación ante la jueza de la dana después de que este miércoles testificara Bernabé en la causa. Junto a la imputación de la delegada, esta parte solicita las testificales del alcalde de Algemesí, José Javier Sanchís; Miguel Polo Cebellan, presidente de la CHJ; Ricardo Domínguez, jefe del servicio de Policía de aguas; Manuel Torán, director técnico y jefe de Área de calidad de las aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar; e Ignacio Valero, jefe del Sistema Automático de Información Hidrológica, dependiente del director técnico.

Sobre Bernabé, la asociación indica en su escrito que «sin ánimo de minimizar las responsabilidades penales de los representantes competentes de la Generalitat, no puede obviarse la coexistencia de responsabilidades compartidas con la Administración del Estado, en el caso que nos ocupa», y se refiere a la delegada.

«De su declaración se deduce que no solicitó al ministro del Interior la declaración de emergencia nacional en el momento oportuno y, por tanto, por sus acciones u omisiones debe ser investigada«, estima. »Ante la pregunta de si informó a su superior jerárquico, reconoció que no«, añade.

Por otro lado, la asociación destaca que «no es menos interesante» hacer expresa mención a que la primera noticia en relación a que el Gobierno de España se reunió para seguir la dana fue a las 23.03 horas en la que se constituyó un comité de crisis ante las graves consecuencias de las inundaciones.

«El objetivo no era otro que coordinar los trabajos de respuesta y asistencia y poner a disposición todos los efectivos de la UME, Policía, Guardia Civil y Protección Civil. Esta parte humildemente entiende que dicha convocatoria es tardía por cuanto ya desgraciadamente la tragedia se había cobrado cientos de víctimas, y a los efectos de ayuda posterior sería operativa, pero si esos efectivos hubieran sido activados, principalmente el Ejército, en horas anteriores«. La asociación se ha preguntado así mismo si por parte del Ministerio del Interior se elaboró algún informe sobre la declaración de emergencia de nivel nacional.

Además, la entidad comparte que el mensaje de alertas se envió tarde y que su contenido fue «muy deficiente» al no indicar la necesidad de buscar puntos altos de protección pero, a la vez, defiende la «importancia» de la ausencia de datos durante horas en el Cecopi por parte de la CHJ, de que el representante de la CHJ no informase del aviso de las 18.43 horas sobre el Barranco del Poyo, del déficit del sistema de alertas, de la ausencia de información sobre los efectos de los alivios de las presas (Forata), ni de los avisos a la población sobre estos desagües«.

En definitiva, concluye en su escrito, «ambas administraciones son responsables porque coexisten obligaciones por mandato constitucional y reserva de ley (art. 149 CE y la Ley 17/2015). Excluir a una de las Administraciones hace un flaco favor a las víctimas, criminaliza únicamente a una Administración y produce un efecto salvífico en otra que, en puridad en derecho, no le corresponde», estima.