El Gobierno valenciano de PP y Vox se divide por primera vez al votar sobre violencia de género

Tanto el PP, como el PSPV y Compromís habían negociado el texto inicial de los socialistas para incluir sus enmiendas. La renovación del pacto –caducado desde septiembre de 2022– deberá llevarla a cabo el Ejecutivo, «fruto del acuerdo de las administraciones, entidades sociales, organizaciones de mujeres, partidos políticos y agentes sociales» y se le deberá dotar de «recursos suficientes para su ejecución». No se ha determinado para ello un marco temporal.

La violencia machista ha sido, desde que el nuevo Ejecutivo de coalición echara a andar hace 80 días, uno de los principales asuntos que ha generado fricción entre sus miembros y ha roto la pretendida unidad de puertas para afuera. Una cuestión recurrente también para que la oposición afee al PP su pacto con Vox, como ha ocurrido durante la primera sesión de control al presidente de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, que ha servido como previa a la votación. No obstante, la proposición no de ley se debatió el miércoles en el pleno del Parlamento autonómico.

Los argumentos de Vox no son nuevos. Su síndica, Ana Vega, ha dejado claro antes de la sesión que nunca han participado en acuerdos de este tipo nacionales, autonómicos o locales porque «la violencia no tiene género» y «hay que proteger a todas las víctimas por igual».

Su compañera de grupo, la diputada Miriam Turiel fue más extensa en la tribuna y calificó de «absoluto fracaso» el pacto valenciano, pues desde que se lanzó en 2017 «el número de víctimas año tras año, desgraciadamente, no ha parado de crecer» A su juicio, las medidas para defender a las mujeres -con críticas a la ley del 'sí es sí'- pasan por la «educación, prevención y sanciones».

Sus socios del PP, en boca de la parlamentaria Verónica Marcos, defendieron el «compromiso firme y decidido» del partido con esta lucha, velando por la protección de las víctimas y sus hijos.

El segundo pacto se aprobará en el seno del Consell, según Marcos, con «consenso, participación y diálogo», por lo que pidió a la izquierda que deje «de sembrar miedo» y de hacer el «paripé» en busca de «rédito electoral», tras un primer acuerdo con «un nivel de ejecución del 22 % en cinco años y dos reuniones celebradas» debido a la gestión de PSPV y Compromís. «Dejen la pancarta y los lemas a un lado y vuelvan a esta cuestión de Estado», aseveró. El mismo argumento lo ha utilizado este jueves la vicepresidenta segunda de la Generalitat, Susana Camarero, en otra intervención parlamentaria.

Por su parte, la diputada socialista que defendió la proposición, Rosa Peris, acusó a Vox de ser la formación que «da cobijo a los maltratadores» y profesa un «odio profundo a las mujeres».

«No les preocupan las 27.000 víctimas que denunciaron en 2022, se ocupan del 0,005% de denuncias falsas», señaló Peris. Las denuncias, añadió, suponen «el 30%» de los casos reales en la Comunidad Valenciana y su incremento se explica por un aumento de la confianza en las instituciones.

Respecto a los populares, indicó que es «difícil entender» cómo la posición de Vox forma parte del Ejecutivo y «cómo van a poder integrar el mismo quienes hablan de violencia de género y quienes hablan de violencia doméstica». «Deben resolver ese marco de esquizofrenia y dejar a las mujeres en paz», zanjó.