El Gobierno de Mazón descarta dimisiones pese a la alarma en el PP

«Este Gobierno no va a abandonar a las víctimas. No es una opción ninguna dimisión. No podemos plantearnos más que seguir trabajando en la recuperación y la restitución del daño provocado en medio de la mayor crisis que ha vivido este país en los últimos años», aseveraba ayer la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero.

Tras mostrar su «respeto» a los manifestantes pacíficos y condenar los actos vandálicos de una minoría radical, Mazón remitió a los periodistas en dos ocasiones a la comparecencia del próximo jueves en las Cortes Valencianas, donde dará cuenta «con todo lujo de detalles», «de una manera ordenada» y evitando «bulos» de lo ocurrido durante la gestión de la DANA. Las lagunas y contradicciones en las explicaciones dadas sobre lo que pasó aquella fatídica tarde del 29 de octubre pesan demasiado en el relato que quieren trasladar los populares valencianos.

Pese a que en público atribuyen a entidades catalanistas la convocatoria de las distintas manifestaciones que se llevaron a cabo en varias ciudades, algunas fuentes del partido reconocen que el desánimo cunde entre sus filas tras las imágenes que dejó la más masiva, a la que acudieron 130.000 personas según la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana. «No podemos más que escucharlos porque es nuestra obligación política y moral», sostuvo la delegada, Pilar Bernabé.

Preguntada por si considera que Mazón debería dimitir, remarcó que «mientras dure la emergencia y la postemergencia» el Ejecutivo de Pedro Sánchez «no va a perder ni un minuto en otras cuestiones que no sea abordar nuestra obligación, que es atender a los afectados y salir de este situación». En líneas similares se pronunció el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Desde Sumar y Compromís, sí que exigieron de nuevo la salida de Mazón, ante una marcha «masiva» que «marca un antes y un después», según el portavoz de esta última formación, Joan Baldoví.

Más allá de dónde y con quién estuviera comiendo Carlos Mazón ese martes mientras los militares ya estaban desplegados, se extiende la idea de que no estaba dónde tenía que estar en horas que fueron críticas. La imagen del presidente está en su momento más bajo un año y medio de acceder al poder y tras salir airoso de la crisis por la ruptura con Vox.

Ni se alertó a tiempo de la catástrofe ni supo reaccionar después pese a que el caos se venía desatando desde primera hora de la mañana por las lluvias torrenciales en algunos puntos de la provincia. Una «inactividad» que ya investiga el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana tras el recurso contencioso administrativo presentado por un abogado.

La emergencia no se ha resuelto y a nadie se les escapa que la reconstrucción será compleja. Hay multitud de viviendas que no se podrán habitar o empresas destruidas que no podrán dar trabajo a sus empleados. La protesta de este sábado deja en el aire la duda de si los actuales moradores del Palau de la Generalitat tienen la suficiente fuerza para pilotar lo que viene. Mazón «ha dado la cara en todo momento» frente a un Gobierno central que «rechaza» ponerse al frente de esta emergencia nacional, afirmó ayer el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo.

En Génova saben que dejar caer a Mazón significaría achacarle en exclusiva la responsabilidad de lo sucedido por mucho que critiquen la inacción del Ejecutivo y de la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera. La vicepresidenta valenciana, Susana Camarero, reiteró este domingo que -pese a que Ribera defiende que intentó localizar sin éxito a Mazón durante la trágica jornada- la titular de Transición Ecológica no llamó al barón popular hasta las 20.17h, cuando el panorama ya era crítico. Él no contestó la llamada porque no conocía el móvil.

Al choque con la también vicepresidenta tercera del Gobierno se le sumó ayer un nuevo capítulo cuando Mazón y la socialista Pilar Bernabé tuvieron que desautorizar al Ministerio tras haber recomendado hervir el agua antes de consumirla en alrededor de 60 municipios -no especificados- donde se está analizando su calidad por si pudiera implicar algún problema de salud. Ambos recalcaron que, de momento, sigue siendo necesario usar agua embotellada para beber y cocinar ante los riesgos que presenta el suministro pese a que se hierva.

Con la dimisión del presidente descartada, al menos a corto plazo, las fuentes consultadas inciden en que el inmovilismo no es una opción y Mazón debe mover ficha. El foco está puesto sobre la consellera más cuestionada durante esta crisis. La titular de Justicia e Interior, Salomé Pradas, con las competencias en Emergencias desde julio, cuando Vox salió del ejecutivo autonómico.

Reunió a su equipo a mediodía del 29 de octubre, pero no convocó a los miembros del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) hasta las cinco de la tarde. Negó que la delegada del Gobierno le hubiera ofrecido activar a la UME -algo que solicitó pasadas las dos de la tarde, sólo para la zona de Utiel- en varias conversaciones telefónicas durante ese mañana. Sin embargo, en unas imágenes grabadas por Televisión Española a las 12:45 horas se podía escuchar a la consellera contando a sus colaboradores que le habían ofrecido activar al cuerpo militar.

A ello se suma la poca experiencia en la gestión de su equipo. De hecho, como portavoz del Cecopi viene compareciendo en los últimos días Rosa Touris, directora general de Prevención de Incendios Forestales, con un perfil más técnico. En ese sentido, algunos medios apuntan a que Mazón estaría barajando incorporar al Gobierno a una figura que pueda aportar una imagen de solvencia y que esté dedicada íntegramente a la reconstrucción de la zona cero, aunque desde el Palau no lo confirman e insisten en que las claves se darán el jueves en sede parlamentaria.

En el medio plazo, la opción de un adelanto electoral que sólo serviría para dar alas a la izquierda no está encima de la mesa. En la búsqueda de posibles recambios si Mazón decidiera dar un paso atrás, todos los ojos están puestos en la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que también es diputada autonómica. Una condición necesaria para poder ser elegida con una mayoría que el PP -con 40 escaños- no tiene. El papel de los trece parlamentarios de Vox en las Cortes Valencianas volverían a ser cruciales.

En el entorno de Catalá aseveran que están centrados en dar respuesta a las pedanías de la ciudad afectadas y en nada más. La alcaldesa ha adoptado un perfil bajo durante los últimos días, trasladándose a las zonas dañadas y evitando entrar de lleno en la batalla política cuando los periodistas le han cuestionado sobre distintos asuntos.