el frente judicial del alcalde tránsfuga
El «enchufismo» en Benidorm acumula cinco causas judiciales
El TSJCV y los juzgados de lo Contencioso investigan las plazas «a medida»
D. M.
Desde que llegó a la Alcaldía, el tránsfuga socialista Agustín Navarro ha desplegado una intensa actividad en el capítulo de Personal, hasta contratar o mejorar las condiciones de cuarenta familiares, amigos y militantes del PSOE de Benidorm. Sin embargo, a cada trámite realizado para «enchufar» ... a un nuevo empleado, el alcalde se ha encontrado con un recurso contencioso administrativo de los sindicatos críticos con su gestión.
Así las cosas, Navarro acumula en algo más de un año de mandato quince denuncias en los juzgados —o en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV)— derivadas de su política de contratación. Hasta el momento, las citadas denuncias han cristalizado en cinco causas que investigan si los casos de «enchufismo» —reflejados en las páginas de este periódico— han llevado al Ayuntamiento a incurrir en alguna ilegalidad.
La primera causa judicial se abrió en el TSJCV, tras la denuncia presentada por el sindicato CSIF contra la creación de 56 nuevas plazas «a medida» en la plantilla municipal, que en ese momento contaba con 229 vacantes. La denuncia se basaba en dos artículos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) supuestamente vulnerados por la creación de dichas plazas.
En concreto, la medida aprobada en diciembre de 2009 ignoraba los límites de los PGE a la tasa de reposición (el número de nuevos funcionarios que puede contratar el Ayuntamiento) y al incremento del gasto en el capítulo de Personal. Algo que hacía constar en su informe el interventor municipal, contrario a la creación de las plazas.
Al margen de la investigación a las plazas «a medida» —muchas de ellas ya adjudicadas—, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Alicante investiga la adjudicación de una plaza de oficial en la Policía Local al responsable del sindicato SEP, afín al PSOE. Por otra parte, el mismo juzgado investiga una denuncia por acoso laboral de una funcionaria contra el concejal de Recursos Humanos, Juan Ramón Martínez.
Las causas judiciales se completan con la investigación de los pagos a la fundación «fantasma» que edita un boletín para cargar contra el PP, y la causa que se abrió la pasada semana contra los derechos fundamentales de los sindicatos, tras establecer Martínez un «filtro» para acceder al tablón de anuncios virtual.
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