Eduardo Zaplana concede una entrevista televisiva a la espera de juicio: «Estoy convencido de mi inocencia»

La Fiscalía Anticorrupción pide 19 años de cárcel y una multa de 40 millones de euros para el expolítico del PP por el presunto cobro de comisiones millonarias por la adjudicación de plantas de inspección técnica de vehículos (ITV) y parques eólicos de la Comunidad Valenciana. El juicio en la Audiencia de Valencia todavía no tiene fecha, pero se espera que se celebre entre finales de 2023 y principios de 2024.

La investigación se inició en 2015 en secreto y no estalló hasta mayo de 2018, cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo a Zaplana en su casa del centro de Valencia. Estuvo ocho meses en prisión provisional, dos de ellos ingresado en el hospital por la leucemia que padece.

La operación y también la macrocausa recibieron el nombre de 'Erial' por las adjudicaciones que se hicieron en terrenos abandonados sin cultivar y, más metafóricamente, por el expolio de recursos públicos presuntamente practicado por los investigados.

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia defendió en su auto de procesamiento que los concursos para la privatización de las ITV en 1997 -una decisión política en la que no intervino ningún técnico- y la ordenación territorial de los parques eólicos de 2003 resultaron ser «a la carta» para que las empresas interesadas, «previa estipulación de comisión, se hicieran con dichas adjudicaciones». De hecho, junto a las instrucciones se incluía ya la cuantía que iban a tener que pagar los adjudicatarios.

Según la juez, quien fue alcalde de Benidorm en los 90 tejió una extensa red para «obtener ganancias ilícitas» sin ser descubierto. Unas cantidades que habría desviado al extranjero a través de sociedades para blanquearlo y poder devolverlo a España, con la ayuda de su círculo íntimo. Solo por una de esas operaciones, apuntó la instructora, habría recibido una comisión de 580.000 euros.

Entre los procesados se encuentra el presunto testaferro de Zaplana, Joaquín Barceló, el expresidente de la Generalitat José Luis Olivas -entonces al frente de Bancaja- o miembros de la familia Cotino -propietarios de una de las empresas adjudicatarias-.

También figuran su exjefe de gabinete Juan García, su asesor financiero Francisco Grau, su secretaria Mitsouko Enríquez o hasta su peluquero Pedro Romero. Se les acusa de presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa.