Zaplana pide su absolución en el caso Erial y niega tener cuentas en el extranjero

Así se desprende del escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha remitido el abogado de Zaplana al Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, encargado de investigar el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunidad Valenciana en la época de Zaplana, a través de una organización formada por un núcleo de personas cercanas al expresidente.

Por estos hechos, el ministerio público atribuye a Zaplana delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa. En su reciente escrito, el exministro niega cualquier delito, pide su absolución y reclama que comparezcan en el juicio, en calidad de testigos, el exgerente de Imelsa Marcos Benavent, autodenominado 'yonki del dinero', y el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Así mismo, el expresidente autonómico solicita que se cite como testigos en la vista al ciudadano sirio que halló unos papeles en su vivienda de Valencia y que dieron origen a la causa; así como a todos los componentes de las mesas de adjudicación y comisión de selección de los concursos de las ITVs y Parques Eólicos.

A modo de resumen, Zaplana niega en su escrito haber participado en la selección de las empresas y proyectos que fueron designados en los correspondientes procedimientos administrativos de las ITVs y Parques Eólicos. Los mismos, señala, «comportaban valoraciones eminentemente técnicas que fueron realizadas por los servicios competentes de la Generalitat».

Además, ha advertido de que nunca recibió ventaja patrimonial alguna derivada o una contraprestación a una decisión «que no le correspondía y en la que no intervino».

Respecto a su patrimonio, el acusado señala que «siempre» ha sido financiado con los ingresos lícitos de su trabajo y actividad profesional y «con absoluta trazabilidad», sin que haya tenido nunca sociedades o cuentas en el extranjero, ni «jamás» haya sido beneficiario de transferencias o envío de fondos procedentes de alguna de ellas.

En concreto, respecto a las ITV, Zaplana explica que no influyó ni participó en ningún trámite, informe o propuesta, puesto que se limitó a adoptar dentro de sus competencias la iniciativa política. Seguidamente, las autoridades y funcionarios competentes para cada fase se encargaron de ejecutar «con total autonomía y discrecionalidad técnica» los contratos, asevera.

De esta manera, no obtuvo «ninguna» dádiva o ventaja patrimonial derivada de un proceso de adjudicación de estaciones de ITV en el que «ni conoció sus detalles técnicos y económicos», apostilla.

En la misma línea, respecto a los Parques Eólicos, señala que tampoco tuvo intervención alguna en el proceso de selección de proyectos, cuya aprobación se produjo -aclara- cuando él ya no desempeñaba cargo alguno en la Comunidad.

Por este motivo, niega alguna dádiva y, además, indica que la jurisdicción contencioso administrativo ha confirmado la legalidad del proceso de selección y de las resoluciones adoptadas en el desarrollo del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana.

Por otro lado, Zaplana ha negado que tenga sociedades o cuentas en el extranjero. Su letrado concreta: «Nunca ha tenido sociedades fuera de España, ni ha sido socio, administrador, director, apoderado, autorizado o beneficiario de ninguna sociedad, fundación, estructura fiduciaria o cualquier otro tipo de ente jurídico extranjero».

Tampoco -agrega- ha dispuesto de cuentas bancarias, depósitos o cajas de seguridad en entidades financieras ubicadas fuera de España, ni ha sido titular, apoderado, autorizado o beneficiario de tales productos.

Por otra parte, el letrado aclara que ni el origen de los fondos que nutrieron las cuentas extranjeras investigadas en la causa, ni el seguimiento de las salidas de fondos de las mismas, «en ningún caso» ha permitido relacionarlas con Eduardo Zaplana, «que no aparece ni como ordenante, ni como beneficiario de ninguna de las transacciones investigadas», asevera.

«Tampoco existe ni una sólo evidencia o indicio de que el patrimonio de mi representado, sus consumos o gastos hayan sido financiados ni en todo ni en parte, ni directa ni indirectamente, con los fondos depositados en dichas cuentas extranjeras», aclara.

Según concreta en el escrito, de acuerdo con sus declaraciones anuales del IRPF del periodo 2001 a 2017, los ingresos provenientes de los rendimientos del trabajo de Eduardo Zaplana ascendieron a 8.204.722,23 euros y los de su mujer, Rosa Barceló, a 1.465.925,64 euros, sumando en conjunto 9.670.647,87 euros.

Por lo que se refiere al patrimonio inmobiliario de Zaplana y su mujer, «su financiación proviene de la reinversión del producto de la venta de los inmuebles 16 comprados previamente, un préstamo concedido por los suegros de Zaplana por importe de 450.759,08 euros el 23 de septiembre de 1997, una donación de 161.261,39 euros concedida por los suegros de Zaplana a Rosa Barceló el 12 de febrero de 2008, un préstamo de 2.270.232,68 euros otorgado por la CAM el 19 de noviembre de 2002 e ingresos procedentes de su actividad profesional durante estos años», se expone.

En cuanto a las embarcaciones, en el escrito se detalla que Zaplana participó junto a siete amigos suyos en la compra de la embarcación de recreo Astondoa A-53 Open HT (Loix) e hizo uso de la misma «como uno de sus legítimos propietarios».

Sobre el supuesto uso por parte del 'expresident' de otras embarcaciones con cargo a las sociedades Zarcar y Alquiler e Inversión Ibiza, su abogado explica que ninguna de las personas responsables de estas entidades ha contratado «jamás» con la Administración pública y asevera que el uso que se atribuye a su representado «se sitúa en todo caso a partir de su retirada de la política en el año 2008», concretamente en el año 2009, en el caso de los cruceros Iris y Franjack, y en el año 2010, en el caso de la embarcación Ladyship.

En cuanto a la embarcación modelo Mangusta 92 (de nombre comercial Naikamo), que fue adquirida por el empresario de Ibiza Carlos Gutiérrez a través de su sociedad PROMIVOLA S.L. el 8 de marzo de 2007, Zaplana «no hizo uso en modo alguno de la misma a lo largo del día 1 de octubre de 2007 y siguientes», advierte el abogado.

Por último, Zaplana defiende en su escrito que «dentro de la más absoluta normalidad propia de las relaciones paterno filiales», junto a su mujer, y dado que su situación económica se lo permitía, han ayudado financieramente a sus hijas en la adquisición de sus respectivas viviendas.